El conflicto armado interno que por más de 40 años asoló al pueblo de Guatemala dejó un lamentable saldo de más de 200 mil muertos y 40 mil desaparecidos, siendo los pueblos indígenas las principales víctimas de la política de exterminio (llamada de “contrainsurgencia”) aplicada por el Estado guatemalteco. Pero esta política genocida no fue practicada únicamente en este hermano país centroamericano; en efecto, es bien sabido que fue una constante en todos los países donde surgieron movimientos populares que buscaban una transformación social (Colombia, El Salvador, Nicaragua, Argentina, etc.). Como bien sabemos, el Perú no fue ajeno a esta realidad, razón por la cual en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional se detalla una larga serie de matanzas cometidas por nuestras “gloriosas” y “valerosas” Fuerzas Armadas y Policiales contra nuestras poblaciones indígenas, las cuales hasta el día de hoy se mantienen impunes.
Esta sentencia dictada contra estos 4 exmilitares (mejor dicho, estos asesinos uniformados) demuestra, por lo menos, la intención del hermano país de Guatemala de hacer un poco de justicia en favor de los más desposeídos y marginados (la mayoría de ellos indígenas), algo que muy bien podría ser tomado como un ejemplo de dignidad y genuino respeto hacia los derechos humanos por parte de los pocos políticos y jueces decentes que aún quedan en nuestro país. En efecto, lamentablemente en el Perú aún no hemos tenido las agallas de decir la verdad de lo que pasó durante los 20 años de guerra interna, esto es, que lo que hubo aquí fue un auténtico genocidio aplicado por el Estado contra nuestros pueblos indígenas (comunidades campesinas y nativas), quienes, con el pretexto de la “lucha antisubversiva”, fueron el principal blanco del terrorismo de estado que padecimos con tanta crueldad, pues fueron ellos quienes pusieron la mayor parte de los muertos que hoy, increíblemente, una buena parte de la sociedad asentada en las zonas urbanas del Perú consideran, sin mayor problema, como un “costo” aceptable que tuvimos que pagar para gozar del “crecimiento” y la “bonanza” económica que hoy “favorece” a nuestro país.
Por nuestra parte, esperamos que los magistrados de la Sala Penal Nacional, emulando el digno ejemplo de sus pares guatemaltecos, dicten una sentencia igualmente ejemplar en el caso del genocidio de Accomarca, condenando a la máxima pena no sólo al asesino Telmo Hurtado (el "Carnicero de los Andes") por la matanza de 69 comuneros quechuahablantes, sino también ordenando que se abra una verdadera investigación contra todos los altos jefes de las fuerzas armadas de aquél entonces, empezando por el “gordovago” de Alan García Pérez. Al respecto, hay que tener en cuenta que ya en anteriores oportunidades dicha Sala Penal ha absuelto a varios militares responsables de múltiples matanzas y desapariciones, aplicando de manera más que arbitraria el principio jurídico del “indubio pro reo”. Sin embargo, los peruanos y peruanas decentes no debemos seguir permitiendo más este encubrimiento cómplice del Estado hacia quienes, con la mayor sangre fría, asesinaron a nuestros hermanos y hermanas campesinas, por lo cual debemos permanecer vigilantes para que las futuras sentencias contra los violadores de derechos humanos y perpetradores de delitos de lesa humanidad sean genuinamente ejemplares y reparen en parte el irreparable daño ocasionado a las víctimas de la guerra interna que asoló a nuestro país.
Guatemala: condenan por primera vez a militares por masacre en guerra civil
Un tribunal guatemalteco condenó este martes por primera vez en la historia a cuatro militares, actualmente retirados, por la masacre de 201 campesinos en 1982, en una de las más brutales matanzas perpetradas por el ejército durante la guerra civil (1960-1996).
El tribunal de alto riesgo de la capital impuso una severa condena de 6.060 años de prisión a cada uno de los cuatro militares por la matanza perpetrada entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 en la aldea dos erres, en el departamento de Petén, unos 600 km al norte de la capital.
Sin embargo, la pena máxima en Guatemala son 50 años, de acuerdo con el código penal.
"Este tribunal por unanimidad declara a los sindicados como autores de los delitos de asesinato. Por tal delito debe de imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable (por) cada una de las personas asesinadas haciendo un total de 6.030 años", indica la resolución de los magistrados.
Además, la corte condenó a cada uno a otros 30 años por el delito "contra la humanidad cometido contra la seguridad del estado", lo que suma un total de 6.060 años para cada uno.
La sentencia resalta que en la matanza hubo "perversidad", porque "desaparecieron del mapa" a la aldea dos erres.
Esta es la primera condena contra militares por una masacre en Guatemala.
Es la segunda condena por una matanza colectiva, pues hace cuatro años hubo otra sentencia por el asesinato de decenas de indígenas contra ex paramilitares de derecha, que actuaban aliados del ejército durante el conflicto armado.
Los militares condenados son el teniente Carlos Antonio Carías, y los instructores Manuel pop, reyes Collin y Daniel Martínez, quienes formaban parte de la fuerza de élite 'Kaibil' del ejército.
El tribunal agregó además otros 6 de prisión por el delito de hurto agravado a carías, quien era el oficial a cargo de la tropa que perpetró la matanza.
El fallo indica que, según testigos y pruebas científicas, entre las víctimas había mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, y que los únicos sobrevivientes fueron algunos menores.
En relación con este caso, están también detenidos los ex Kaibiles Pedro Pimentel, deportado desde estados unidos el 12 de julio; Gilberto Jordán y Santos López, detenidos en ese país, y Jorge Vinicio Sosa, arrestado en Canadá.
La masacre ocurrió durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), cuando el ejército buscaba recuperar 40 fusiles robados por una unidad guerrillera en octubre de 1982.
Para aura Elena Farfán, directora de la asociación de familiares de detenidos-desaparecidos, entidad querellante en la causa, la sentencia "abre una luz para combatir la impunidad" en el país.
Farfán dijo recientemente a la AFP que la masacre de las dos erres fue "una de las más cruentas barbaries cometidas por los militares durante la guerra".
El juicio comenzó hace ocho días, después de 17 años de una batalla legal debido a unos 45 recursos interpuestos por los abogados de los militares.
Los cuatro militares fueron acusados de haber integrado el grupo de 40 militares de la unidad especial kaibil, que luego de torturar y violar a niños y mujeres los asesinaron.
Otros dos sindicados de la matanza ya murieron, otros ocho están prófugos, mientras que el resto no ha sido identificado.
Una 'comisión de la verdad' auspiciada por la ONU documentó 669 masacres, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del estado. Además, responsabilizó a los militares de 93% de los 200.000 muertos y desaparecidos que dejó la guerra civil.
COLECTIVO POR LA MADRE TIERRA - COMTERRA
