jueves, 28 de junio de 2012

El actual proyecto de ley aprobado por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, constituye una grave restricción del derecho a la libertad de expresión del que, como cualquier otro ciudadano, gozan los representantes políticos de las regiones que desean sumarse a la defensa de los derechos de los pueblos que los eligieron. Por lo que, una vez más vemos que los llamados “padres de la Patria” atentan contra la autonomía política que, de acuerdo a la propia Constitución y a las normas de descentralización del Estado peruano, gozan los gobiernos regionales para desarrollar sus funciones en defensa de los intereses de su pueblo.

Criminalizar y judicializar la protesta social efectuada por las autoridades políticas es ya una política de Estado emprendida por varios de los gobiernos que se han llamado “democráticos”. El Congreso de la República, como desde los albores de su surgimiento, sólo legisla para reprimir y acallar las voces de nuestro pueblo, él que sólo encuentra en la protesta social el mecanismo para expresarse y ser escuchado por aquellos que dijeron en campaña lo iban a representar y cuando llegaron al poder no dudaron en traicionarlo. Las protestas del pueblo son justas mientras ello les permita ser escuchados y ser considerados más que un voto en las urnas.

Consideramos que así como este Congreso - que se debe al pueblo y está ahí gracias a él-  pretende “sancionar” a aquellas autoridades que supuestamente atentan contra el “Estado de Derecho”, lo primero que debió haber hecho es realizar una reforma constitucioanl o expedir una ley que permita al pueblo revocar e inhabilitar a aquellas autoridades políticas que no cumplen con sus promesas electorales, esto es, tanto al Presidente de la República como a los mismos congresista. Pero, como dice el dicho: “no hay que pedirle peras al olmo”; la situación seguirá igual mientras subsista la estructura política que actualmente nos gobierna y mientras no hagamos nada por cambiarla.



 Vacancia para autoridades regionales que bloqueen carreteras


 Foto: peru.com
Enfrentamientos en Espinar.
Foto: peru.com


La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó hoy modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para incorporar como causales de vacancia de los presidentes regionales la participación directa o indirecta en acciones que obstaculicen carreteras o vías de comunicación.

El proyecto, aprobado por el grupo de trabajo presidido por el congresista Mariano Portugal Catacora (AP), también incluye la posibilidad de vacar al vicepresidente y al consejero regional que participen en estos actos.

Asismismo, señala que las referidas autoridades son vacadas “por participar directa o indirectamente, de manera indubitable, en acciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercio”.

La iniciativa, que había generado polémica en diversos sectores y el rechazo de los presidentes regionales, se aprobó luego de un amplio debate, en la que se plantearon aportes para enriquecer el texto final.

El congresista fujimorista Pedro Spadaro intervino para agradecer que se hayan recogido sus aportes, entre ellos establecer nueva causal de vacancia en los gobiernos regionales.

A pedido del congresista Yehude Simón Munaro, de Alianza por el Gran Cambio, se retiró del texto el párrafo que señalaba que la vacancia de las autoridades regionales será por participar en paros y movilizaciones.

Por su parte, Teófilo Gamarra Saldivar, de Gana Perú, planteó que los presidentes regionales sean vacados por incitar, promover y participar en acciones contrarias al ordenamiento constitucional.

El dictamen de este proyecto de ley deberá ser aprobado ahora en el pleno del Congreso para convertirse en ley de la República.
miércoles 27 de junio del 2012 12:15 actualidad

Aprueban vacancia para autoridades regionales por bloqueo de vías. ¿Qué opinas?

Iniciativa de comisión del Congreso tendrá que ser ratificada o no por el pleno. Transparencia opina que no contribuye a la gobernabilidad
Gregorio Santos
La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó anoche una modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para incorporar una nueva causal de vacancia.


Según esta, el presidente, vicepresidente y consejero del gobierno regional será vacado por participar “directa o indirectamente” y de manera indubitable en acciones que obstaculicen las vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercio.

La iniciativa tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso para que se haga efectiva.

CUESTIONAN MODIFICACIÓN

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, opinó que el proyecto de Ley 1241-2011 debe ser archivado porque se trata de una medida de corte político que no responde a la idea de un gobierno unitario y descentralizado.

“Cuando una comisión toma una decisión de esta naturaleza frente a autoridades que están investidas de autonomía constitucional, creo que no es una señal que contribuya a la gobernabilidad democrática”, manifestó en Radio San Borja.

También consideró suficiente la norma que ya establece mecanismos para resolver situaciones de conflicto de competencias entre gobiernos locales y Gobierno Central.

DEFIENDEN INICIATIVA
El congresista y ex presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, señaló hoy que la medida fue aprobada en consenso con todos los presidentes regionales, a excepción de Gregorio Santos, para evitar que terceros se vean perjudicados por el bloqueo de vías. “Esto no afecta a personas como Santos que viajan en avión, sino a pasajeros que pueden morir en carreteras”, dijo en Canal N.

El legislador oficialista Teófilo Gamarra señaló que esta modificación también contempla como causal de vacancia el nepotismo.


FUENTE: http://elcomercio.pe/actualidad/1434025/noticia-aprueban-vacancia-autoridades-regionales-bloqueo-vias-que-opinas


ENLACES: http://www.rpp.com.pe/2012-06-27-simon-ley-para-vacar-a-presidentes-regionales-no-tiene-nombre-propio-noticia_496165.html
http://www.rpp.com.pe/2012-06-26-aprueban-norma-para-vacar-presidentes-regionales-por-incitar-conflictos-noticia_495980.html

jueves, 21 de junio de 2012

Rio+20: Indígenas del mundo reafirman posición crítica frente al llamado “desarrollo sostenible”


Servindi, 21 de junio, 2012.- Con la elaboración de una documento que reafirma la posición de los pueblos originarios frente a lo que se conoce como desarrollo sostenible culminó este martes la Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y Libre Determinación que se realizó en Río de Janeiro.

El contenido del documento será presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, que empezó ayer, y en encuentros como la Conferencia de Pueblos Indígenas (CMPI, 2014).

“Vemos que la Madre Tierra y toda la vida se encuentran en una grave situación de peligro. Vemos que el actual modelo de desarrollo sostenible sigue avanzando en el camino del peligro”, con estas palabras el documento llama la atención de la población mundial sobre las actividades, como las extractivistas, que ponen en peligro su propia supervivencia.

La declaración elaborada al final del encuentro que se celebró en paralelo a la Cumbre de los Pueblos, que empezó el 15 de junio y culminará el 23 de este mismo mes, sostiene que “el desarrollo sostenible solo puede realizarse a través de la plena vigencia y cumplimiento de los derechos humanos”.

Señala así que los avances en varios países han sido posibles en la medida que los Estados han cumplido con su obligación de respetar, proteger y promover estos derechos.

Caso contrario es lo ocurrido en aquellos países donde no se ha hecho lo mismo – explica el documento – donde más bien se han intensificado los conflictos, lugares donde los gobiernos han impuesto de arriba hacia abajo el desarrollo, ya sea con la etiqueta de “sostenible”, “propobres” o “verde”.

Los pueblos indígenas de todo el mundo que llegaron a esta parte del continente para participar del encuentro de tres días reafirmaron que “la autodeterminación es la base del Buen Vivir / Vivir Bien, y esto se realiza a través de derechos seguros sobre la tierra y la ordenación territorial y la construcción comunitaria de economías más vibrantes”.

Entre otros puntos el texto afirma que en Río+20 se debe poner de relieve la cultura, la moral y la ética como las dimensiones más fundamentales del desarrollo sostenible e insistió en que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser la norma que se aplique en la puesta en marcha de este desarrollo.

El evento fue organizado por el Comité Global de Coordinación de los Pueblos Indígenas para Rio + 20. Contribuyeron a su organización la Fundación Ford, IFAD, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, IWGIA, Tebtebba, CADPI, CITI y FIMI.

Para conocer más de lo que se trató en el encuentro presentamos a continuación el documento completo:
Declaración de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre
Desarrollo Sostenible y Libre Determinación
19 de junio 2012, Río de Janeiro
 
Los Pueblos Indígenas de todas las regiones del mundo nos reunimos en la “Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación”, de 17 de junio – 19 de 2012 en el Museo de la República, Río de Janeiro, Brasil.

Damos las gracias a los Pueblos Indígenas de Brasil por darnos la bienvenida y expresamos nuestra solidaridad con sus luchas impuestas por el desarrollo, como la represa de Belo Monte, que amenazan a sus territorios y formas de vida. También agradecemos a los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo por sus actividades de preparación y su participación en este proceso.

Afirmamos con una sola voz que ya es hora de asumir las responsabilidades históricas para revertir siglos de depredación, contaminación, colonialismo, violación de los derechos y genocidio. Es hora de asumir las responsabilidades para con las generaciones futuras. Es el momento de elegir la vida.

1. La cultura como una dimensión fundamental del desarrollo sostenible

Como Pueblos Indígenas, nuestros sistemas de creencias culturales fundamentales y cosmovisiones del mundo están basados en nuestras relaciones sagradas con la Madre Tierra que han sustentado nuestros pueblos a través del tiempo. Reconocemos las contribuciones y la participación de los titulares de conocimientos tradicionales, las mujeres y los jóvenes indígenas.

Nuestras culturas son formas de ser y de vivir con la naturaleza, que sustentan nuestros valores, opciones éticas y morales y nuestras acciones. La supervivencia de los pueblos indígenas se basa en el apoyo de nuestras culturas, que nos proporcionan lo material, social y la fuerza espiritual. Creemos que todas las sociedades deben fomentar una cultura de la sostenibilidad y que Río+20 debe poner de relieve la cultura, la moral y la ética como las dimensiones más fundamentales del desarrollo sostenible.

2. El ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y colectivos

Vemos que la Madre Tierra y toda la vida se encuentran en una grave situación de peligro. Vemos que el actual modelo de desarrollo sostenible sigue avanzando en el camino del peligro. Los pueblos indígenas hemos experimentado los terribles efectos negativos de este enfoque. Estas amenazas se extienden a los pueblos en aislamiento voluntario.

El desarrollo sostenible solo puede realizarse a través de la plena vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. Los pueblos indígenas vemos el desarrollo sostenible y la autodeterminación como complementarios. Los avances en varios países han sido posibles en la medida en que los Estados han cumplido con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, mientras que los conflictos se han intensificado en donde los gobiernos han impuesto de arriba hacia abajo el desarrollo, ya sea con la etiqueta “sostenible”, “pro-pobres” o “verde”.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la norma que debe aplicarse en la implementación del desarrollo sostenible en todos los niveles, incluido el respeto de la plena participación en la toma de decisiones y de nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todas las políticas, programas y proyectos que nos afectan.

3. El fortalecimiento de diversas economías locales y la ordenación territorial

Para los pueblos indígenas, la autodeterminación es la base del Buen Vivir / Vivir Bien, y esto se realiza a través de derechos seguros sobre la tierra y la ordenación territorial y la construcción comunitaria de economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sostenibles locales, la solidaridad comunitaria y son componentes críticos de la resiliencia de los ecosistemas.

Vamos a seguir fortaleciendo y defendiendo nuestras economías y el ejercicio de nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos, en contra de las industrias extractivas, las inversiones depredadoras, la apropiación de tierras, los reasentamientos forzados y los proyectos de desarrollo insostenibles. Estos incluyen las represas a gran escala, las plantaciones, la infraestructura a gran escala, la extracción de arenas de alquitrán y otros mega-proyectos, así como el robo y la apropiación de nuestra biodiversidad y conocimientos tradicionales.

De la Conferencia surgieron muchas respuestas para hacer frente a la crisis global, tan variadas como las diversas culturas presentes en la reunión. La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada, las cuales están íntimamente relacionadas y deben ser protegidas de la misma manera.
Los pueblos indígenas llamamos al mundo a volver al diálogo y la armonía con la Madre Tierra, y adoptar un nuevo paradigma de civilización basado en el Buen Vivir – Vivir Bien. En el espíritu de la humanidad y nuestra supervivencia colectiva, la dignidad y el bienestar, respetuosamente ofrecemos nuestros puntos de vista culturales del mundo como una base importante para renovar colectivamente nuestras relaciones con los otros y con la Madre Tierra y para garantizar Buen Vivir / Vivir Bien con integridad.

En base a estas afirmaciones y acuerdos, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones:

Dentro y entre las comunidades, pueblos y naciones indígenas

1) Vamos a definir y poner en práctica nuestras propias prioridades para el desarrollo económico, social y cultural y la protección del medio ambiente, sobre la base de nuestras culturas tradicionales, nuestros conocimientos y prácticas, y la aplicación de nuestro derecho inherente a la libre determinación.

2) Vamos a revitalizar, fortalecer y restaurar nuestras instituciones y métodos para la transmisión de nuestros conocimientos y prácticas tradicionales que se centran en la transmisión por nuestras mujeres y nuestros ancianos a las próximas generaciones.

3) Vamos a restablecer el intercambio de conocimientos y productos, incluidos los intercambios de semillas entre nuestras comunidades y pueblos en refuerzo de la integridad genética de nuestra biodiversidad.

4) Vamos a estar en firme solidaridad con todas luchas contra los proyectos que amenazan a nuestras tierras, bosques, aguas, prácticas culturales, soberanía alimentaria, medios de subsistencia tradicionales, ecosistemas, derechos y formas de vida. También en solidaridad con otros sectores sociales cuyos derechos están siendo violados, incluidos los campesinos, pescadores y pastores.

En las acciones frente a los Estados y las corporaciones:

1) Vamos a seguir rechazando el concepto del modelo neoliberal dominante y la práctica de desarrollo basada en la colonización, la mercantilización, la contaminación y la explotación del mundo natural, y las políticas y proyectos basados ??en este modelo.

2) Insistimos en que los Estados apliquen plenamente sus compromisos en virtud de las leyes nacionales e internacionales y las normas que defienden los derechos inherentes, inalienables, colectivos e intergeneracionales de los pueblos indígenas y los derechos afirmados en tratados, acuerdos y arreglos constructivos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

3) Vamos a rechazar y oponernos firmemente a las políticas de los Estados y los programas que repercuten negativamente en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, ecosistemas y medios de subsistencia, y a los permisos otorgados  a las empresas o cualquier otro tercero para hacerlo.

En las Naciones Unidas

1) Insistir en la participación plena y efectiva en todos los debates y actividades de establecimiento de estándares en materia de desarrollo sostenible, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático y para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en todos estos procesos.

2) Vamos a llevar estos mensajes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI, 2014) y todos los otros procesos internacionales, donde nuestros derechos y la supervivencia se ven afectados. Proponemos que la visión y práctica de los Pueblos Indígenas del desarrollo sostenible sea un foco de discusión en la CMPI.

Nosotros adoptamos la presente Declaración el 19 de junio de 2012, en Río, afirmando nuestros derechos y reiterando nuestras sagradas responsabilidades con las generaciones futuras.

Enlace: http://servindi.org/actualidad/66858#more-66858

martes, 19 de junio de 2012

Rio+20: ONU y los pueblos chocan por economía verde


Achim Steiner debatiendo en la Cumbre de los Pueblos/
Foto: Cortesía de João Roberto Ripper
Por Fabiana Frayssinet

18 de junio, 2012.- El director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner, cree que él y la Cumbre de los Pueblos coinciden en que el actual modelo económico causó el colapso ambiental. Pero el diálogo sobre cómo sustituirlo se volvió un áspero debate.

El encuentro con el alemán Steiner fue el más esperado de la Cumbre de los Pueblos: un alto representante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, se desplazó al otro lado de esta ciudad brasileña, para discutir con ecologistas y activistas sobre economía verde.

La economía verde se propone como una gran transformación de los modelos de producción y consumo para detener la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, Para los movimientos sociales, sin embargo, no es más que otro color para disfrazar el capitalismo.

Esa propuesta es una de las principales que contiene el documento para la conferencia, que en su etapa cimera congregará a jefes de Estado y de gobierno entre el miércoles 20 y el viernes 22, la misma jornada en que concluirá el foro paralelo de la sociedad civil, inaugurado el día 15.

“La Cumbre de los Pueblos es crítica de la economía verde, porque somos los pueblos que sufrimos la crisis del capitalismo y de ese modelo de producción que cuanto más se agrava, más avanza sobre nuestros derechos”, lanzó al inicio la brasileña Fátima Mello, una de las organizadoras del encuentro.

“Entendemos que la economía verde, que se basa en la mercantilización de bienes naturales, está ligada estrechamente a una economía marrón”, de contaminación y depredación, argumento la también brasileña Larissa Packer, de la organización Terra de Direitos.

La verdadera “economía verde no es el dólar verde, como la ven nuestros gobernantes. Es nuestra Amazonia verde”, expuso el indígena boliviano Edwin Vásquez, que acusó a las corporaciones transnacionales de invadir y saquear los recursos naturales.

El argentino Juan Herrera, de la red internacional La Vía Campesina, propuso un modelo de “economía popular, solidaria y campesina” que sustituya el actual gran agronegocio pues este “generó verdaderos desiertos de soja y maíz donde los campesinos ya no tienen ni un lugar”.

Ante estos pronunciamientos y críticas, Steiner, un experto en políticas ambientales, se confesó “sorprendido”.

“En el PNUMA establecimos que el modelo económico actual no es el modelo del futuro. Estamos de acuerdo con ustedes en eso”, sostuvo al orientar a los participantes a “leer” el documento oficial de esa agencia de las Naciones Unidas, y que aborda las diferentes interpretaciones sobre economía verde.

Despojado de sus habituales traje y corbata, Steiner explicó que el “fracaso” de no haber evitado la degradación natural “tiene que ver con el paradigma económico del mundo que trata al planeta como la minería: extraer, extraer y extraer”.

Y casi adoptó el mismo lenguaje que su contrincante platea, al declararse crítico de “la capacidad del mercado de alcanzar el desarrollo sustentable”, y especificó: un mercado basado, como si fuera una “ley de la física”, en la libre oferta y demanda.

“El atún de aleta azul vale hoy en el mercado 4.000 dólares. Por eso (las empresas) podrían capturar hasta el último pez”, ejemplificó para justificar que el “mercado no ayuda a administrar el planeta de forma sustentable”.

Las diferencias surgieron al buscar opciones a ese modelo. Entre otras propuestas, Steiner planteó dar un valor económico al ecosistema, para promover “leyes que protejan la naturaleza o negocios que no sean destructivos”.

Además, se refirió a nuevas tecnologías “buenas y posibles”, como las energías limpias y renovables, que no generarían desempleo sino que, al contrario, “dan más empleos que la industria automotriz”.

Sus argumentos no convencieron al experto en biodiversidad Pat Mooney. Este activista canadiense citó tecnologías dañinas propuestas por la economía verde, como la biología sintética, que modifica microorganismos, o el desarrollo de variedades transgénicas, que concentró el control de las semillas en un puñado de empresas multinacionales.

Mooney se dijo espantado por una economía verde que ahora busca controlar la biomasa del planeta.

Tampoco quedó convencido el exembajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pablo Solón, que acusó a Steiner de “no haber sido honesto”. “Detrás de ese concepto está el asumir que la naturaleza es un capital”, alzó la voz Solon, y sostuvo que “no nos estamos inventado eso” que está en el borrador que discuten los gobiernos en Río+20.

Steiner “dice que buscan desacoplar el crecimiento con el deterioro ambiental. ¡No se puede crecer eternamente, el límite es la biodiversidad! ¡Lo que necesitamos es redistribuir la riqueza!”, polemizó. “No porque levante el tono de voz y el de la platea, todo lo que usted dice es correcto”, replicó Steiner.

En esa polarización entre el capitalismo y el anticapitalismo “el mundo no avanzará”, sostuvo el funcionario al argumentar lo difícil que es lograr consensos entre todos los estados miembros de la ONU.

El debate dejó un sabor amargo

Proponer una economía verde sin reglamentar el mercado financiero causará lo contrario de la conservación: “una burbuja financiera impredecible”, dijo la brasileña Packer a TerraViva.

“Cuando hay escasez de una mercadería, su valor sube. Por lo tanto, cuanto más se destruya la naturaleza, mayor será el valor de los activos naturales”, advirtió.
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Fuente: IPS: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100985

martes, 12 de junio de 2012

América Latina: La tierra, el agua y la resistencia

Por Raúl Zibechi*

La Jornada, 12 de junio, 2012.- Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones
impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

* Raúl Zibech es Docente, Analista e Investigador, Periodista y Escritor. Es un activo colaborador con las organizaciones Sociales y medios de comunicación alternativos en A.L.; se especializó y siguió de cerca el proceso del Movimiento Social del pueblo aimara en Bolivia.
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Fuente: Publicado en el diario La Jornada, el 10 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol

ENLACE: http://servindi.org/actualidad/66122#more-66122

Perú: El caso de la carretera Iñapari – Puerto Esperanza

Por Marc Dourojeanni*
10 de junio, 2012.- Unos días atrás se conoció el proyecto de Ley N° 1035/2011-CR proponiendo se declare de Interés Público y Necesidad Nacional construir una carretera o una línea férrea entre Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios) y Puerto Esperanza (Purús, Ucayali). Esta vía, bastante larga, correría estrechamente paralela a la frontera con el Brasil y en su recorrido atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y afectaría asimismo la Reserva Comunal Purús. Además, en esa región existen indígenas en aislamiento voluntario.

La propuesta es justificada en base: (i) al indiscutible aislamiento de la pequeña población residente en esa punta lejana del territorio peruano y, (ii) a la pérdida de identidad nacional que esa población estaría sufriendo. Es verdad que la cesión de inmensos territorios peruanos a favor del Brasil, a consecuencia de tratados vergonzosos firmados hace algo más de un siglo, dejó una frontera con líneas angulosas que dejó ese pedacito de tierra peruana en medio del Acre que ahora es brasileño. Es decir que, en esos términos es verdad que algo debe ser hecho a favor de ese pueblo que con tanta dificultad sigue siendo peruano.

Los autores del proyecto de ley reconocen implícitamente que su propuesta es muy peligrosa. Ante la evidencia de la destrucción sin precedentes de la Amazonia peruana, que a fines del 2000 ya había perdido y desperdiciado sus bosques sobre más de 7 millones de hectáreas de las que se usan menos de un millón para agricultura y ganadería, que no consigue resolver problemas de minería ilegal de oro, ni controlar el aumento explosivo de cultivos de coca, ellos pretenden garantizar que eso no ocurrirá en este caso porque en el artículo tres de ese proyecto “se prohibirá toda actividad económica, bajo responsabilidad civil o penal”.

Merece aplauso el hecho de que los proponentes se preocupen por ese tema crucial. Pero los autores del proyecto olvidan que hay numerosas leyes en el Perú, reiteradas desde hace un centenar de años, que prohíben bajo penas severas y hasta prisión, invadir tierras publicas y privadas, extraer madera sin permiso, matar indígenas, cazar sin licencia, extraer oro y otros minerales sin concesiones, etc. Jamás, nunca jamás, en ningún lugar de nuestra Selva ni tampoco en los demás países amazónicos, esas reglas fueron siquiera parcialmente cumplidas.

Alrededor de Iñapari ya están concentrados millares de buscadores de oro, extractores ilegales de cedro y caoba y campesinos de Puno y Cuzco ávidos por tierras. Es decir que no hay ninguna duda de que una carretera entre Iñapari y Purús será el fin del Parque, de sus indígenas aislados, de su maravillosa diversidad biológica y de su tremendo potencial económico para el turismo.

La mención que los autores hacen a los parques nacionales de países desarrollados, como el famoso Parque Nacional Yellowstone, en los que existen numerosas carreteras asfaltadas, es válida. Es verdad que carreteras y parques nacionales pueden convivir. Es más, las áreas protegidas necesitan de carreteras para la visitación y para el control. Pero, ningún ciudadano americano instala plantaciones de maíz, caza bisontes, mete vacas, extrae madera o busca oro en Yellowstone.

El Perú necesita aun muchas décadas de educación cívica para que la población se comporte así. Pero, si se pretende hacer eso realidad debería comenzarse por financiar adecuadamente el sistema nacional de áreas naturales protegidas que apenas sobrevive esencialmente de la mendicidad internacional que paga más del 80% de sus costos.

Financiar adecuadamente las áreas naturales protegidas es, sin duda, una cuestión de “interés público y necesidad nacional”. Más aún, como todos los países lo hacen desde que el Perito Moreno delimitó los grandes parques nacionales argentinos, los parques peruanos responden sí, a criterios geopolíticos. El Parque Nacional del Alto Purús, más que ninguno. Pero, otra vez, para que ese Parque funcione como espacio de peruanidad, debe tener financiamiento adecuado.

Ya el caso de un ferrocarril sería diferente. Otra vez hay que reconocer que los autores del proyecto fueron cuidadosos y que pensaron mucho antes de hacer el proyecto. No hay duda que un ferrocarril podría romper el aislamiento, fomentar el turismo y, de paso, evitar o controlar la depredación. Pero, si ya es difícil, en verdad imposible en plazos previsibles, justificar económicamente una carretera, conseguirlo para una ferrovía, aunque deseable, es una utopía, salvo que el criterio geopolítico prime sobre cualquier otro y que alguien esté dispuesto a pagar la cuenta.

De cualquier modo el proyecto ya enfrentó oposición, inclusive local. Tanto la Aidesep regional, como la Municipalidad de Tahuamanu y la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios se han opuesto con argumentos sólidos. La defienden, obviamente los grandes intereses madereros nacionales y regionales, aunque eso no sea exhibido. También, curiosamente, el proyecto es ardorosamente defendido por la Parroquia de Purús. Habida cuenta de la certeza de que la tal carretera además de los ambientales, acarreará problemas sociales gravísimos, como ha ocurrido con todas las demás, es difícil de entender esa posición. Esa vía, sin duda, reúne las condiciones necesarias para la proliferación de cultivos ilícitos y para el narcotráfico y el contrabando, entre otros males sociales.

Entonces ¿Si no se construye una carretera porque el riesgo, así como el costo, son demasiado altos y tampoco se hace una ferrovía porque económicamente parecería ser inviable, cuál es la solución? Hay solución, sí. Durante mucho tiempo existió en la Amazonia peruana un llamado servicio cívico, que proveía a los centros poblados aislados con vuelos gratuitos o subvencionados.

Los gobiernos de las últimas tres o cuatro décadas han abandonado completamente esa práctica, dejando a su suerte a los pueblos distantes. Este tipo de apoyo, bien organizado, es la mejor solución a corto y medio plazo para Puerto Esperanza y otras localidades igualmente aisladas. Es barato y puede combinarse con el turismo, haciendo que este último financie el costo de viaje de los pobladores locales. Hacer eso implica, obviamente, mejorar la infraestructura turística de la región, incluyendo salud, educación, etc. y como dicho, habilitar el Parque Nacional del Alto Purús, que está casi abandonado. Quizá, después de algunos años de promoción del turismo internacional, se justifique construir un tren panorámico entre Iñapari y Puerto Esperanza.

Un argumento importante es que la población de Purús no tiene porqué subvencionar, con su sacrificio, el bienestar de los demás peruanos. Eso es correcto. Los bosques del Purús, además de biodiversidad, almacenan enormes cantidades de carbono que permaneciendo así evitan agravar el cambio climático. Eso representa miles de millones de dólares en términos de negocios de carbono por deforestación y degradación evitadas, de los que ya hay muchas opciones disponibles en el mercado. El gobierno debería, pues, iniciar de inmediato los estudios que permitan transformar eso en realidad y reinvertir el beneficio en el Purús, en Puerto Esperanza y en otros poblados tradicionales o indígenas y, obviamente, en el propio Parque Nacional.

No hay duda que la geopolítica subyace en esa propuesta. Y esa preocupación también es justa. Pero espanta que después de declararse de “utilidad pública y necesidad nacional” entregar la mejor parte de nuestro potencial hídrico energético al Brasil (Inambari, Paquitzapango, etc.) y estando el Congreso ahora mismo revisando un acuerdo sobre ese mismo tema, se esté tan preocupado con el Alto Purús. Como van las cosas en las relaciones entre el Brasil y el Perú, la mejor vía para unir Iñapari con Puerto Esperanza es a través del Acre, con lo que la obra se acortaría a la mitad y, por lo menos, los daños ambientales quedarían del otro lado de la frontera.

* Marc Dourojeanni es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima. Ha dedicado la mayor parte de su vida a temas relativos a la Amazonía en Perú y Brasil y a otros bosques tropicales en tres continentes.

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viernes, 8 de junio de 2012

Perú: Sistematizan estudios que demuestran contaminación en zona de influencia de Xstrata


Servindi, 8 de junio, 2012.- El Gobierno y un sector de la prensa han aseverado tajantemente desde que se inició el conflicto en Espinar que en la zona de influencia de la minera Xstrata Tintaya no existe ningún tipo de contaminación que perjudique a las comunidades del lugar.

Sin embargo, las conclusiones de un estudio hecho a partir de la sistematización de los monitoreos practicados en la zona dicen lo contrario.

La responsabilidad de la revisión, análisis y sistematización estuvo a cargo de CooperAcción y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), instituciones miembros de la Red Muqui.

En conferencia de prensa, las integrantes del equipo técnico a cargo del estudio, Patricia Rojas de CooperAcción y Ana Leyva de Fedepaz, acompañadas de Edwin Gonzales, secretario ejecutivo de Red Muqui, señalaron que para este análisis se tomó en cuenta un total de ocho monitoreos, de los cuales cuatro fueron participativos.

Los mismos prueban que los problemas de contaminación ambiental con metales pesados en la zona de influencia de Xstrata Tintaya fueron registrados desde el 2002 y que, por lo menos a partir del 2010, el ministerio de Salud conocía varios de ellos.

La contaminación en Espinar no es un juego

Según el ministerio de Energía y Minas, en la provincia de Espinar se desarrollan en total cinco proyectos
mineros. Tres de ellos (Tintaya, Antapaccay y Coroccohuayco) pertenecen a la empresa minera Xstrata Tintaya S.A.

Del total de proyectos la única que se encuentra en etapa de producción es la unidad de Tintaya. Esto hace suponer que la empresa podría ser una de las responsables de la generación de los problemas de contaminación en el lugar junto con los pasivos ambientales.

Entre los estudios utilizados para la sistematización final se encuentran los elaborados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani -efectuado por la ingeniera ambiental Eike Sophie Humpel- y la Mesa de Diálogo.

En distintos grados los estudios demuestran que en el área de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia de Xstrata Tintaya existen metales pesados en porcentajes que sobrepasan los permitido por ley.

De  las siete comunidades monitoreadas por Censopas, cinco formaron parte del ámbito de influencia de los proyectos mineros Tintaya, Coroccohuayco, Antapaccay y Quechuas (Ver recuadro en la parte inferior).

El estudio presentado en conferencia de prensa sostiene que estos proyectos  junto a los pasivos ambientales dejados por antiguas minas, de alguna manera podrían tener relación con los resultados presentados por Censopas.

La superficialidad de algunos medios

El equipo técnico afirmó que está demostrada la existencia de contaminación en la zona de influencia donde opera Xstrata.

Rechazaron de esta manera las versiones de algunos ministros y periodistas que buscan confundir a la población con aseveraciones como la que Xstrata es un ejemplo de responsabilidad social.

“Nosotros vemos que sí hay problemas reales y no se trata de un solo caso (…) Nos sorprende que en los medios se haya minimizado el problema a un tema económico y político”, afirmó Rojas Caro de CooperAcción.

Agregó que no se puede hablar de la contaminación que se puede dar en las comunidades como si tratase de un juego.

Por su parte Ana Leyva de Fedepaz pidió que la prensa de investigación se haga cargo del caso para llegar a la verdad.

El silencio del ministerio de Salud

Respecto a los estudios de Censopas que generaron una polémica por la supuesta manipulación que hicieron de estos la congresista Verónika Mendoza y el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, Rojas Caro señaló que es preocupante que el ministerio de Salud no haya salido a aclarar el tema antes cuando disponían del informe con mucha anterioridad.
A la congresista que hace unos días renunció a Gana Perú se le acusó de ser la responsable de los hechos de violencia surgidos en Espinar que terminaron con la vida de dos civiles y la declaratoria del estado de emergencia.

El informe titulado “Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco, 2010” llegó a las manos de la congresista a inicio de este año y la denuncia sobre contaminación de los ríos Salado y Cañipía, en cuyas aguas opera Xstrata, obra en la Fiscalía Ambiental de Espinar desde noviembre de 2011.

“Se ha dicho que el alcalde y la congresista han manipulado la información y eso no es cierto, si vemos los dos informes notamos que son los mismo muestreos, las mismas comunidades, los mismos resultados y las mismas fechas”, sentenció Leyva Valera.

Sostuvo de otro lado que se debe trabajar en crear mecanismos para la administración del agua y planteó que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean revisados periódicamente ya que muchas veces las recomendaciones que contienen no van a funcionar por siempre ya que las condiciones de un medio pueden cambiar.

En algunos días se espera conocer los resultados de un nuevo monitoreo, esta vez del río Salado, que se trabaja a nivel del Comité de Agua de la Municipalidad de Espinar.

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lunes, 4 de junio de 2012

Perú: Sí, existe informe del Minsa que acusa a Xstrata de contaminar dos ríos en Espinar


Foto: Diario La República

- Gerente de minera admitió infracción ambiental en declaraciones públicas del pasado 23 de marzo

Por Víctor Alvarado

4 de junio, 2012.- El gobierno del presidente Humala y la empresa Xstrata Tintaya han presentado los sucesos de Espinar solo como un hecho violentista de agitadores antimineros y en un gesto reprobable ocultan al país los riesgos a que estarían siendo expuestos las poblaciones de las comunidades campesinos por relaves que estarían siendo arrojados por la minera a los ríos Salado y Cañipía, cuyas aguas son utilizados para el consumo humano y la ganadería de cuatro distritos y siete comunidades campesinas de la citada provincia.

La denuncia de esta probable contaminación hecha por las autoridades y comunidades campesinas ante la fiscalía ambiental de Espinar se remonta a noviembre del 2011 y pretende ser desestimada con el argumento de que la denuncia parte de un informe equivocado referido a los “Riesgos de contaminación del proyecto minero Quechua- Cusco” y no a Xstrata Tintaya, realizado del 04 al 11 de octubre del 2010 por el Centro Nacional de Salud Ocupaciones y la Protección del Ambiente para la Salud- CENSOPAS del Ministerio de Salud.

Informe existe

La congresista Verónika Mendoza, a la que se le atribuye haber usado ese informe que no se refiere a Xstrata, ha puesto los puntos sobre las íes al señalar públicamente que ese no es el informe que respalda la denuncia de las autoridades y pobladores afectados, sino otro informe del mismo CENSOPAS titulado “Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar- Cusco”, realizado entre agosto y octubre del 2010, hecho paralelamente al anterior, que el ministro de Salud, Alberto Tejada, se lo entregó en enero del 2012.

“Nunca he hecho referencia a ese informe referido al proyecto minero Quechua-Cusco, sino al otro informe sobre los riesgos a la salud por exposición a metales pesados que afectan a Espinar y es sobre el cual las autoridades deben adoptar las medidas preventivas correspondientes”, dijo en amplias declaraciones difundidas en la pagina on line Servindi.

Cabe destacar que la denuncia sobre la contaminación de los ríos Salado y Cañipía, en cuyas cuencas opera la minera Xstrata, y que afecta a cuatro distritos y siete comunidades campesinas, obra en la Fiscalía Ambiental de Espinar, la que apertura investigación el 21 de noviembre del 2011 y está basada en los estudios de la ingeniera ambiental Eike Humpel, y no en el informe de CENSOPAS obtenido por la congresista Mendoza en enero del año en curso.

Este informe ha sido añadido a posteriori en la denuncia porque confirma los estudios de la ingeniera Humpel.

Según el informe de CENSOPAS, que confirma los términos de la denuncia penal de las autoridades de Espinar, de 506 personas analizadas de los distritos de Espinar, Pallpata, Occoruro y Pichigue, ubicadas en el área de influencia de Xstrata Tintaya, el 5.5% presentó valores por encima de los límites de permisibles de mercurio y que 24 de ellos presentaban valores de arsénico en la orina.

También se hallaron concentraciones de arsénico en dos muestras, de mercurio en 33 muestras de agua de consumo humano, que superaron los límites permisibles establecidos por los DS 002-2008-MINAM y 031-2010-SA, así como los parámetros guías de la OMS.

Mea culpa

En su momento cuando se hizo pública esta información el pasado miércoles 23 de marzo en el diario El Comercio de Lima, el propio gerente de la empresa Xstrata Tintaya, Edgardo Orderique Luperdi, admitió en forma pública: “Sí, estamos por encima de los límites permisibles, pero tenemos cinco años para adecuarnos”, asumiendo que continuarán arrojando relaves a los ríos, con lo cual estarían afectando a la poblaciones con agua contaminada por otros cinco años.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en declaraciones abiertamente cuestionable, que cuestionan la moral del gobierno, ha declarado este jueves en RPP que la minera no contamina el ambiente y que por lo demás se trata de una empresa con rango internacional de minera responsable, como si los informes que amparan la denuncia penal fueran un fabula.

La investigación fiscal, al parecer interrumpida porque no se sabe de sus resultados, alcanzó a realizar una inspección in situ y establecer que los ríos Hiunumayo y Tintaya, cuyas aguas desembocan en los ríos Salado y Cañipía, registran presencia de relaves mineras y coincidentemente en las cuencas altoandinas donde se origina estas aguas, opera Xstrata Tintaya

La contaminación de las aguas de los ríos Salado y Cañipía, según la denuncias en manos de la Fiscalía Ambiental de Espinar, afecta directamente a los pobladores de cuatro distritos de Yauri y a siete comunidades campesinas, entre ellas las de Huarca, Alto Huancanè, Huija y Huija Qollana.

Además de este forma de contaminación, según la denuncia, la empresa tiene relaveras expuestas al medio ambiente, de las que por efecto de los vientos, lanza los polvos con sustancias toxicas que caen de lleno sobre las viviendas de los pobladores.

Esta dramática realidad no puede ser silenciada con respuestas policiales sino con investigaciones reales y soluciones, y estas de acuerdo con normas de fiscalización, en este caso no aplicadas por Osinergmin, menos por el ministro Merino, involucrarían la suspensión de las actividades de la empresa hasta que implemente las medidas correctivas que se reclaman.

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