miércoles, 26 de diciembre de 2012


Brasil: DESTRUYEN 1.206 KILÓMETROS CUADRADOS DE SELVA AMAZÓNICA EN CUATRO MESES

Los principales factores son la actividad agropecuaria, las obras públicas y la tala ilegal
Brasil: destruyen 1.206 kilómetros cuadrados de selva amazónica en cuatro meses
Los esfuerzos del gobierno brasileño para frenar la tala ilegal son escasos. (Foto: AP)
Río de Janeiro (EFE). El 2012 quedará registrado como un año sombrío para la Amazonía brasileña. La ONG Imazon -Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía- elaboró un informe en el cual denuncia la destrucción de 1.206 kilómetros cuadrados de selva entre agosto y noviembre de este año, un incremento del 129% respecto al mismo periodo del 2011.
La medición fue hecha sobre la base de imágenes de satélite del gobierno de Brasil. Heron Martins, miembro de Imazon y especialista a cargo del estudio, sostiene que la principal causa de semejante niel de deforestación es la intensa actividad agropecuaria, aunado a la construcción de obras públicas de gran envergadura, como por ejemplo las cinco centrales hidroeléctricas en la Amazonía.
En ese sentido, Martins también mencionó a la tala ilegal como un factor que contribuye a la disminución del área verde en la selva sudamericana, agravado por la escasa fiscalización hacia este tipo de actividad. “El asfalto en sí no es el problema, pero obras de esa naturaleza sin la debida fiscalización acaban facilitando el acceso de aquellos que viven de la deforestación y la tala ilegal” enfatizó el experto.

Perú: Tres heridos en enfrentamiento entre comuneros de Cañaris y policía

Servindi, 07 de diciembre, 2012.- Tres comuneros, dos hombres y una mujer, resultaron heridos luego que la policía reprimiera con bombas lacrimógenas a la población de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en la región Lambayeque, al norte del Perú.
En diálogo con Cristóbal Barrios, presidente de dicha comunidad, Radio Marañón informó hoy que noventa efectivos policiales custodian el campamento minero de la empresa y repelieron la manifestación de la población que protestaba en los alrededores desde el jueves.
Denunció que otro contigente de 120 policías y un fiscal se encuentran en la propia comunidad donde se ha cortado el fluido eléctrico y las comunicaciones. “Parece que la policía más ha venido a detener algunos dirigentes que están liderando ésta marcha pacífica”, expresó Barrios.

Suspenden protesta

La comunidad decidió suspender su medida de protesta y conceder un plazo de diez días para que la Defensoría del Pueblo intermedie y se abra un espacio de diálogo directo con las autoridades del gobierno central.
La población aceptó la propuesta de la Defensoría de Lambayeque quienes se acercaron alrededor de las 4:00 p.m. para instarlos a deponer su medida de fuerza con el compromiso de efectuar un informe a las instancias correspondientes.
El presidente comunal Cristóbal Barrios sostuvo que esperan los diez días de plazo para ser atendidos. De lo contrario proseguirán con su medida de protesta.
Cristóbal Barrios cuestionó la terca posición del Ministerio de Energía y Minas que pretende hacer valedera una asamblea que realizó la empresa en julio pasado, con solo tresciento pobladores y se niega a escuchar la opinión mayoritaria de la población que rechaza la minería en su territorio comunal.
Tal declaración la afectuó al ser consultado por radio Marañón sobre las declaraciones Vladimiro Huároc, alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien afirmó que la consulta popular realizada en Cañaris no tiene validez porque no siguió procedimientos legales.
Como se recuerda, el 30 de octubre de este año, en una consulta popular realizada en la comunidad de San Juan de Kañaris, Lambayeque, el 95 por ciento de los votantes rechazó el proyecto minero “Cañariaco” de la empresa canadiense Candente Copper.


Perú: Estudio jurídico pro empresarial gana consultorías sobre Ley de Consulta Previa

Servindi, 21 de noviembre, 2012.- Un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras obtuvo cinco de doce adjudicaciones para elaborar consultorías referidas a la Ley 29785, de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
Los resultados fueron publicados el viernes 16 de noviembre en el sitio web del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y las adjudicaciones corresponden al ministerio de Agricultura (Minag), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ministerio de Cultura (Mincu), ministerio de Energía y Minas/Perupetro (Minem-Perupetro) y ministerio de Salud (Minsa).
La convocatoria tiene por objeto levantar y sistematizar información sobre las medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas u originarios para ser utilizada por la Defensoría del Pueblo en sus tareas de supervisión sobre la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se efectuó en el marco de la cooperación técnica que recibe la Defensoría del Pueblo de la República Federal de Alemania, como aporte a la prevención de conflictos. Para esta convocatoria se solicitó la colaboración del CIES.
La participación de un estudio jurídico cuya función privada principal es servir al interés gran empresarial responde a la decisión de algunos organismos públicos de tercerizar actividades que tienen relación con la protección de derechos humanos.

¿El gato de despensero?

El estudio jurídico señalado patrocina y tiene como principales clientes representativos a empresas mineras como Yanacocha, Barrick Gold, Newmont Mining Corporation, Compañía Minera Milpo, Shougang Hierro Perú, Xtrata Perú, entre otras.
Asimismo, asesora al sector empresarial en adquirir derechos superficiales para proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, tendidos de tuberías de gas natural y ductos de conexión a puertos.
En tal sentido su labor incluye la celebración de acuerdos con propietarios y posesionarios de terrenos en zonas rurales para la ejecución de contratos de opción, adquisición, servidumbres y celebración de transacciones extrajudiciales.
Abogados consultados por Servindi observaron posibles conflictos de interés que se podrían desencadenar a partir de las consultorías y el sesgo privatista que podrían adquirir las políticas públicas sobre los pueblos indígenas.
La interrogante que surge ante todo esto es si es adecuado que un estudio de abogados cuyos clientes representativos son grandes empresas y corporaciones mineras, tenga injerencia directa o indirecta en determinar los temas, normas y procedimiento de consulta a los pueblos indígenas que deberán ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Al respecto esta institución tiene la palabra.
Clientes representativos del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados
Saneamiento de tierrasMinería
  • Minera Yanacocha S.R.L
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Perú LNG S.R.L
  • Transportadora de Gas del Perú S.A
  • GENERALIMA S.A.C
  • EDEGEL S.A.A
  • Shougang Hierro Perú S.A.
  • Químicos del Sur S.A
  • Minera Yanacocha S.R.L.
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Newmont Mining Corporation
  • Minera Peñoles de Perú S.A.
  • Minera Newcrest Perú S.A.C.
  • Compañía Minera Milpo S.A.A.
  • Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
  • Fresnillo Perú S.A.C.
  • Consorcio Minero Horizonte S.A.
  • Shougang Hierro Perú S.A.A.
  • Century Mining Corporation
  • Nyrstar NV
  • Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.
  • Cliffs Natural Resources INC
  • Chancadora Centauro S.A.
  • Xtrata Perú S.A.
Fuente: Sitio web del estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados: http://www.rubio.pe/clientes_index.php

Perú: Multan a minera Yanacocha por incumplir compromisos ambientales

Servindi, 10 de noviembre, 2012.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la multa impuesta a Minera Yanacocha por S/. 466 287,50, luego de determinar la vulneración a la normativa ambiental.
La sanción, que equivale a 127,75 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), o aproximadamente 179,340 dólares, se dio a través de la Resolución N° 214-2012-OEFA/TFA.
La misma se funda en el incumplimiento de cinco compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Conga, en el departamento de Cajamarca, entre los distritos de La Encañada y Sorochuco, en las provincias de Cajamarca y Celendín.
Entre los compromisos incumplidos se encuentra la instalación de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal (humedal de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna.
De acuerdo a la Ley General del Ambiente y al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales.
A pesar de que los bofedales son considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado, minera Yanacocha desacató la normativa ambiental e instaló su plataforma de exploración.
La sanción también se debe a que se constató la minera no  construyó cunetas de coronación en las plataformas FE-07-04, COC-07-04 y CHA-06-05.
Con la emisión de este pronunciamiento del TFA —instancia revisora de las resoluciones de sanción de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA— se agotó la vía administrativa, por lo que la minera deberá acatar la sanción.

La respuesta de Yanacocha

Ante la resolución del TFA, minera Yanacocha respondió con un comunicado de prensa donde indica que los cinco compromisos incumplidos a los que se refiere la OEFA corresponden a observaciones de campo realizadas en el año 2009.
Las observaciones no tienen ninguna relación con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, indica la empresa.
Asimismo la minera expresó que ya atendió las observaciones “ninguna de las cuales representaba un impacto negativo al medio ambiente”.