martes, 17 de diciembre de 2013

Consultora que trabajó para Pluspetrol sustentó informe del viceministerio de Interculturalidad

- Intereses de Lorena Prieto arrojan duda sobre imparcialidad e independencia de informe técnico.
Servindi, 13, de diciembre, 2013.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) lamentó que el nuevo informe del viceministerio de Interculturalidad referido a la ampliación de actividades del proyecto Camisea haya sido elaborado por una persona que brindó servicios a la empresa Pluspetrol, con interés en dicha actividad.
Se trata de Lorena Prieto Coz, quién es socia y gerenta de proyectos a nivel de América Latina de la consultora ambiental On Common Ground Consultants Inc., entidad que tiene entre sus clientes a la empresa Pluspetrol, que encabeza el consercio Camisea.
Ella es una de las cuatro personas que sustentan el informe del Viceministerio de Interculturalidad que permitirían ampliar las actividades de Pluspetrol en el lote 88 en el proyecto Camisea.
Según el IDL la decisión de convocar a personas que tienen “intereses comprometidos (…) socava la seriedad y la credibilidad del propio Gobierno”.
Los servicios prestados a Pluspetrol “arroja un manto de duda razonable sobre la imparcialidad e independencia del informe técnico elaborado por el Viceministerio de Interculturalidad” indica el IDL.
Sobre todo en un momento donde se necesita fortalecer la institucionalidad estatal a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y donde el Estado tiene que ganarse la confianza como un tercero imparcial en el conflicto entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas.
“Se esperaba que el informe fuera elaborado por profesionales especializados en la problemática de pueblos en aislamiento, competentes y, sobre todo, imparciales, sin embargo, esto no es así” indica el IDL.
Ello es preocupante cuando “está en juego la vida y la salud de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti”.
El trabajo de Lorena Prieto sirvió de base para que el viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura emitiera la Resolución Viceministerial 009-2013-VMI-MC con una opinión técnica sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de ampliación del programa de exploración y desarrollo del Lote 88, a cargo de Pluspetrol.
Dicho informe sustenta una opinión distinta a un informe anterior aprobado por la Resolución Viceministerial 005-2013-VMI-MC que contenía más de 80 observaciones a dicho EIA.
El especialista Juan Carlos Ruiz Molleda, observa que mientras el primer informe elaborado por la gestión de Paulo Vilca se pronuncia contra la realización de actividades extractivas en territorio de pueblos en aislamiento, el nuevo informe es más flexible y permite la realización de actividades extractivas.
Acceda al informe completo con un clic en el siguiente enlace:

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EMPRESAS DE PALMA ACEITERA DEFORESTAN MÁS DE 13 MIL HA. DE BOSQUES PRIMARIOS EN PERÚ


- En solo seis meses con la complicidad del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.
Servindi, 13 de diciembre, 2013.- En una grave denuncia la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo(SPDE) sustentó cómo empresas de palma aceitera han deforestado 13,076 hectáreas de bosques primarios solo en los últimos seis meses.
Esta gravísima acción delictiva contra el ambiente y el patrimonio forestal se ha realizado con la complicidad del ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.
Mediante un documento que sustenta la denuncia y que ha sido alcanzado a los medios de prensa días atrás la SPDE denuncia que la presión a favor de la palma aceitera se expresa en el tráfico de tierras, la extorsión e incluso el amedrentamiento a los pequeños agricultores para obligarlos a vender sus predios.
Esta acción es facilitada por funcionarios quienes adjudican los bosques como tierras rústicas, reclasifican las tierras de aptitud forestal para usos agroindustriales, autorizan el cambio de uso del suelo y aprueban los estudios de impacto ambiental (EIA) para los proyectos agroindustriales.

Denuncias con sustento

Solo entre los meses de junio a octubre de 2013 la empresa Cacao del Perú Norte SAC ha deforestado 2,150 hectáreas de bosques tropicales primarios en la localidad de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas en la región amazónica de Loreto.
Según estimación citada por SPDE el área deforestada en Tamshiyacu contenía 312,622 toneladas métricas (TM) de dióxido de Carbono o CO2.
La acción delictiva la realiza un grupo empresarial malayo-peruano que opera mediante varias empresas fantasmas a través de las cuales gestionan la compra-venta y solicitan la adjudicación de más de 96,000 hectáreas de tierras en las regiones de Loreto y Ucayali.
Entre ellas se encuentran: Plantaciones Marín SAC, Plantaciones del Perú Este, Plantaciones de Loreto Este; Plantaciones de Loreto Sur SAC, Plantaciones de San Francisco, entre otras.
Otra perla que demuestra la complicidad de las autoridades del sector es la resolución de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri (085-13-MINAGRI-DGAAA) que aprueba el EIA del proyecto agroindustrial de Palma Aceitera Manití  “pese a  encontrarse dentro del Bosque de Producción Permanente de Loreto”.
De otro lado se sabe que la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto tramita doce solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso por un total de 106.212 hectáreas para implementar cultivos de palma aceitera sobre tierras forestales.

También en Ucayali

Entre octubre de 2011 y noviembre de 2013 la empresa Plantaciones Ucayali SAC  deforestó 10,926 hectáreas de bosques primarios en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
La denuncia de SPDE recuerda que una investigación de IDL Reporteros sostuvo que la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali vendió 4,759 hectáreas de tierras forestales a Plantaciones Ucayali SAC.
El abuso desmedido y prepotente de la empresa la ha llevado a arrasar el bosque con maquinaria pesada incluso fuera del área adquirida ilegalmente.
Así lo verificó en mayo de 2013 la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, ante una denuncia efectuada por pequeños agricultores agremiados en CONVEAGRO – Ucayali.
El informe de SPDE cita varios reportes de inspecciones oculares que confirman cómo la empresa Plantaciones Ucayali SAC emplea retroexcavadoras, tractores oruga de cadenas y motosierras para devastar bosques primarios dentro y fuera de los predios adquiridos ilegalmente.

Mafia intocable

La acción delictiva del grupo empresarial malayo-peruano tiene entre sus representantes a Dennis Melka, director ejecutivo de la empresa Asian Plantations), a Rubén Antonio espinosa y a Freddy Escobar Rosas.
La acción ilícita es posible gracias a personal de seguridad de la empresa que se encuentra armado y ha ocasionado numerosas cartas y denuncias de los agricultores dirigidas hasta ahora infructuosamente al presidente de la República, al ministro del Ambiente y al ministro de Agricultura.
El 11 de noviembre se efectuó una concurrida movilización del Frente de Defensa Regional de los Bosques y el Agua de Campo Verde frente a la municipalidad y el ministerio público de dicho distrito que tuvo repercusión en la prensa local.
Sin embargo, el 22 de noviembre el funcionario Nelson Larrea del Minagri y Antonio López del Gobierno Regional de Ucayali participaron en un foro público en Pucallpa donde, juntos a la empresa denunciada, enfatizaron su interés de promover los cultivos de palma aceitera.
No solo anunciaron su disposición de facilitar trámites y co-financiar proyectos sino incluso llegaron al colmo de sugerir “formalizar las irregularidades que se hubieran cometido” denuncia la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.
La SPDE es una organización no gubernamental de desarrollo que trabaja más de 10 años en el país, tiempo en el que ha implementado acciones y actividades para la conservación de áreas naturales protegidas, ecosistemas forestales amazónicos y humedales costeros.
Acceda al documento de denuncia con un clic en el siguiente enlace:



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INFORME REVELA MERCENARISMO DE LA POLICÍA NACIONAL AL SERVICIO DE EMPRESAS MINERAS


- Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.
Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.
El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).
El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.
Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.
En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.
Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.
Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.
La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.
Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.
Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.
En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).
Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:
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