América Latina: La tierra, el agua y la resistencia

Por Raúl Zibechi*

La Jornada, 12 de junio, 2012.- Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones

impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.
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* Raúl Zibech es Docente, Analista e Investigador, Periodista y Escritor. Es un activo colaborador con las organizaciones Sociales y medios de comunicación alternativos en A.L.; se especializó y siguió de cerca el proceso del Movimiento Social del pueblo aimara en Bolivia.
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Fuente: Publicado en el diario La Jornada, el 10 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol

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Perú: El caso de la carretera Iñapari – Puerto Esperanza

Por Marc Dourojeanni*

10 de junio, 2012.- Unos días atrás se conoció el proyecto de Ley N° 1035/2011-CR proponiendo se declare de Interés Público y Necesidad Nacional construir una carretera o una línea férrea entre Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios) y Puerto Esperanza (Purús, Ucayali). Esta vía, bastante larga, correría estrechamente paralela a la frontera con el Brasil y en su recorrido atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y afectaría asimismo la Reserva Comunal Purús. Además, en esa región existen indígenas en aislamiento voluntario.

La propuesta es justificada en base: (i) al indiscutible aislamiento de la pequeña población residente en esa punta lejana del territorio peruano y, (ii) a la pérdida de identidad nacional que esa población estaría sufriendo. Es verdad que la cesión de inmensos territorios peruanos a favor del Brasil, a consecuencia de tratados vergonzosos firmados hace algo más de un siglo, dejó una frontera con líneas angulosas que dejó ese pedacito de tierra peruana en medio del Acre que ahora es brasileño. Es decir que, en esos términos es verdad que algo debe ser hecho a favor de ese pueblo que con tanta dificultad sigue siendo peruano.

Los autores del proyecto de ley reconocen implícitamente que su propuesta es muy peligrosa. Ante la evidencia de la destrucción sin precedentes de la Amazonia peruana, que a fines del 2000 ya había perdido y desperdiciado sus bosques sobre más de 7 millones de hectáreas de las que se usan menos de un millón para agricultura y ganadería, que no consigue resolver problemas de minería ilegal de oro, ni controlar el aumento explosivo de cultivos de coca, ellos pretenden garantizar que eso no ocurrirá en este caso porque en el artículo tres de ese proyecto “se prohibirá toda actividad económica, bajo responsabilidad civil o penal”.

Merece aplauso el hecho de que los proponentes se preocupen por ese tema crucial. Pero los autores del proyecto olvidan que hay numerosas leyes en el Perú, reiteradas desde hace un centenar de años, que prohíben bajo penas severas y hasta prisión, invadir tierras publicas y privadas, extraer madera sin permiso, matar indígenas, cazar sin licencia, extraer oro y otros minerales sin concesiones, etc. Jamás, nunca jamás, en ningún lugar de nuestra Selva ni tampoco en los demás países amazónicos, esas reglas fueron siquiera parcialmente cumplidas.

Alrededor de Iñapari ya están concentrados millares de buscadores de oro, extractores ilegales de cedro y caoba y campesinos de Puno y Cuzco ávidos por tierras. Es decir que no hay ninguna duda de que una carretera entre Iñapari y Purús será el fin del Parque, de sus indígenas aislados, de su maravillosa diversidad biológica y de su tremendo potencial económico para el turismo.

La mención que los autores hacen a los parques nacionales de países desarrollados, como el famoso Parque Nacional Yellowstone, en los que existen numerosas carreteras asfaltadas, es válida. Es verdad que carreteras y parques nacionales pueden convivir. Es más, las áreas protegidas necesitan de carreteras para la visitación y para el control. Pero, ningún ciudadano americano instala plantaciones de maíz, caza bisontes, mete vacas, extrae madera o busca oro en Yellowstone.

El Perú necesita aun muchas décadas de educación cívica para que la población se comporte así. Pero, si se pretende hacer eso realidad debería comenzarse por financiar adecuadamente el sistema nacional de áreas naturales protegidas que apenas sobrevive esencialmente de la mendicidad internacional que paga más del 80% de sus costos.

Financiar adecuadamente las áreas naturales protegidas es, sin duda, una cuestión de “interés público y necesidad nacional”. Más aún, como todos los países lo hacen desde que el Perito Moreno delimitó los grandes parques nacionales argentinos, los parques peruanos responden sí, a criterios geopolíticos. El Parque Nacional del Alto Purús, más que ninguno. Pero, otra vez, para que ese Parque funcione como espacio de peruanidad, debe tener financiamiento adecuado.

Ya el caso de un ferrocarril sería diferente. Otra vez hay que reconocer que los autores del proyecto fueron cuidadosos y que pensaron mucho antes de hacer el proyecto. No hay duda que un ferrocarril podría romper el aislamiento, fomentar el turismo y, de paso, evitar o controlar la depredación. Pero, si ya es difícil, en verdad imposible en plazos previsibles, justificar económicamente una carretera, conseguirlo para una ferrovía, aunque deseable, es una utopía, salvo que el criterio geopolítico prime sobre cualquier otro y que alguien esté dispuesto a pagar la cuenta.

De cualquier modo el proyecto ya enfrentó oposición, inclusive local. Tanto la Aidesep regional, como la Municipalidad de Tahuamanu y la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios se han opuesto con argumentos sólidos. La defienden, obviamente los grandes intereses madereros nacionales y regionales, aunque eso no sea exhibido. También, curiosamente, el proyecto es ardorosamente defendido por la Parroquia de Purús. Habida cuenta de la certeza de que la tal carretera además de los ambientales, acarreará problemas sociales gravísimos, como ha ocurrido con todas las demás, es difícil de entender esa posición. Esa vía, sin duda, reúne las condiciones necesarias para la proliferación de cultivos ilícitos y para el narcotráfico y el contrabando, entre otros males sociales.

Entonces ¿Si no se construye una carretera porque el riesgo, así como el costo, son demasiado altos y tampoco se hace una ferrovía porque económicamente parecería ser inviable, cuál es la solución? Hay solución, sí. Durante mucho tiempo existió en la Amazonia peruana un llamado servicio cívico, que proveía a los centros poblados aislados con vuelos gratuitos o subvencionados.

Los gobiernos de las últimas tres o cuatro décadas han abandonado completamente esa práctica, dejando a su suerte a los pueblos distantes. Este tipo de apoyo, bien organizado, es la mejor solución a corto y medio plazo para Puerto Esperanza y otras localidades igualmente aisladas. Es barato y puede combinarse con el turismo, haciendo que este último financie el costo de viaje de los pobladores locales. Hacer eso implica, obviamente, mejorar la infraestructura turística de la región, incluyendo salud, educación, etc. y como dicho, habilitar el Parque Nacional del Alto Purús, que está casi abandonado. Quizá, después de algunos años de promoción del turismo internacional, se justifique construir un tren panorámico entre Iñapari y Puerto Esperanza.

Un argumento importante es que la población de Purús no tiene porqué subvencionar, con su sacrificio, el bienestar de los demás peruanos. Eso es correcto. Los bosques del Purús, además de biodiversidad, almacenan enormes cantidades de carbono que permaneciendo así evitan agravar el cambio climático. Eso representa miles de millones de dólares en términos de negocios de carbono por deforestación y degradación evitadas, de los que ya hay muchas opciones disponibles en el mercado. El gobierno debería, pues, iniciar de inmediato los estudios que permitan transformar eso en realidad y reinvertir el beneficio en el Purús, en Puerto Esperanza y en otros poblados tradicionales o indígenas y, obviamente, en el propio Parque Nacional.

No hay duda que la geopolítica subyace en esa propuesta. Y esa preocupación también es justa. Pero espanta que después de declararse de “utilidad pública y necesidad nacional” entregar la mejor parte de nuestro potencial hídrico energético al Brasil (Inambari, Paquitzapango, etc.) y estando el Congreso ahora mismo revisando un acuerdo sobre ese mismo tema, se esté tan preocupado con el Alto Purús. Como van las cosas en las relaciones entre el Brasil y el Perú, la mejor vía para unir Iñapari con Puerto Esperanza es a través del Acre, con lo que la obra se acortaría a la mitad y, por lo menos, los daños ambientales quedarían del otro lado de la frontera.

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* Marc Dourojeanni es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima. Ha dedicado la mayor parte de su vida a temas relativos a la Amazonía en Perú y Brasil y a otros bosques tropicales en tres continentes.

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Perú: Sistematizan estudios que demuestran contaminación en zona de influencia de Xstrata

Servindi, 8 de junio, 2012.- El Gobierno y un sector de la prensa han aseverado tajantemente desde que se inició el conflicto en Espinar que en la zona de influencia de la minera Xstrata Tintaya no existe ningún tipo de contaminación que perjudique a las comunidades del lugar.

Sin embargo, las conclusiones de un estudio hecho a partir de la sistematización de los monitoreos practicados en la zona dicen lo contrario.

La responsabilidad de la revisión, análisis y sistematización estuvo a cargo de CooperAcción y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), instituciones miembros de la Red Muqui.

En conferencia de prensa, las integrantes del equipo técnico a cargo del estudio, Patricia Rojas de CooperAcción y Ana Leyva de Fedepaz, acompañadas de Edwin Gonzales, secretario ejecutivo de Red Muqui, señalaron que para este análisis se tomó en cuenta un total de ocho monitoreos, de los cuales cuatro fueron participativos.

Los mismos prueban que los problemas de contaminación ambiental con metales pesados en la zona de influencia de Xstrata Tintaya fueron registrados desde el 2002 y que, por lo menos a partir del 2010, el ministerio de Salud conocía varios de ellos.

La contaminación en Espinar no es un juego

Según el ministerio de Energía y Minas, en la provincia de Espinar se desarrollan en total cinco proyectos

mineros. Tres de ellos (Tintaya, Antapaccay y Coroccohuayco) pertenecen a la empresa minera Xstrata Tintaya S.A.

Del total de proyectos la única que se encuentra en etapa de producción es la unidad de Tintaya. Esto hace suponer que la empresa podría ser una de las responsables de la generación de los problemas de contaminación en el lugar junto con los pasivos ambientales.

Entre los estudios utilizados para la sistematización final se encuentran los elaborados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani -efectuado por la ingeniera ambiental Eike Sophie Humpel- y la Mesa de Diálogo.

En distintos grados los estudios demuestran que en el área de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia de Xstrata Tintaya existen metales pesados en porcentajes que sobrepasan los permitido por ley.

De  las siete comunidades monitoreadas por Censopas, cinco formaron parte del ámbito de influencia de los proyectos mineros Tintaya, Coroccohuayco, Antapaccay y Quechuas (Ver recuadro en la parte inferior).

El estudio presentado en conferencia de prensa sostiene que estos proyectos  junto a los pasivos ambientales dejados por antiguas minas, de alguna manera podrían tener relación con los resultados presentados por Censopas.

La superficialidad de algunos medios

El equipo técnico afirmó que está demostrada la existencia de contaminación en la zona de influencia donde opera Xstrata.

Rechazaron de esta manera las versiones de algunos ministros y periodistas que buscan confundir a la población con aseveraciones como la que Xstrata es un ejemplo de responsabilidad social.

“Nosotros vemos que sí hay problemas reales y no se trata de un solo caso (…) Nos sorprende que en los medios se haya minimizado el problema a un tema económico y político”, afirmó Rojas Caro de CooperAcción.

Agregó que no se puede hablar de la contaminación que se puede dar en las comunidades como si tratase de un juego.

Por su parte Ana Leyva de Fedepaz pidió que la prensa de investigación se haga cargo del caso para llegar a la verdad.

El silencio del ministerio de Salud

Respecto a los estudios de Censopas que generaron una polémica por la supuesta manipulación que hicieron de estos la congresista Verónika Mendoza y el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, Rojas Caro señaló que es preocupante que el ministerio de Salud no haya salido a aclarar el tema antes cuando disponían del informe con mucha anterioridad.

A la congresista que hace unos días renunció a Gana Perú se le acusó de ser la responsable de los hechos de violencia surgidos en Espinar que terminaron con la vida de dos civiles y la declaratoria del estado de emergencia.

El informe titulado “Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco, 2010” llegó a las manos de la congresista a inicio de este año y la denuncia sobre contaminación de los ríos Salado y Cañipía, en cuyas aguas opera Xstrata, obra en la Fiscalía Ambiental de Espinar desde noviembre de 2011.

“Se ha dicho que el alcalde y la congresista han manipulado la información y eso no es cierto, si vemos los dos informes notamos que son los mismo muestreos, las mismas comunidades, los mismos resultados y las mismas fechas”, sentenció Leyva Valera.

Sostuvo de otro lado que se debe trabajar en crear mecanismos para la administración del agua y planteó que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean revisados periódicamente ya que muchas veces las recomendaciones que contienen no van a funcionar por siempre ya que las condiciones de un medio pueden cambiar.

En algunos días se espera conocer los resultados de un nuevo monitoreo, esta vez del río Salado, que se trabaja a nivel del Comité de Agua de la Municipalidad de Espinar.

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Perú: Sí, existe informe del Minsa que acusa a Xstrata de contaminar dos ríos en Espinar

Foto: Diario La República

- Gerente de minera admitió infracción ambiental en declaraciones públicas del pasado 23 de marzo

Por Víctor Alvarado

4 de junio, 2012.- El gobierno del presidente Humala y la empresa Xstrata Tintaya han presentado los sucesos de Espinar solo como un hecho violentista de agitadores antimineros y en un gesto reprobable ocultan al país los riesgos a que estarían siendo expuestos las poblaciones de las comunidades campesinos por relaves que estarían siendo arrojados por la minera a los ríos Salado y Cañipía, cuyas aguas son utilizados para el consumo humano y la ganadería de cuatro distritos y siete comunidades campesinas de la citada provincia.

La denuncia de esta probable contaminación hecha por las autoridades y comunidades campesinas ante la fiscalía ambiental de Espinar se remonta a noviembre del 2011 y pretende ser desestimada con el argumento de que la denuncia parte de un informe equivocado referido a los “Riesgos de contaminación del proyecto minero Quechua- Cusco” y no a Xstrata Tintaya, realizado del 04 al 11 de octubre del 2010 por el Centro Nacional de Salud Ocupaciones y la Protección del Ambiente para la Salud- CENSOPAS del Ministerio de Salud.

Informe existe

La congresista Verónika Mendoza, a la que se le atribuye haber usado ese informe que no se refiere a Xstrata, ha puesto los puntos sobre las íes al señalar públicamente que ese no es el informe que respalda la denuncia de las autoridades y pobladores afectados, sino otro informe del mismo CENSOPAS titulado “Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar- Cusco”, realizado entre agosto y octubre del 2010, hecho paralelamente al anterior, que el ministro de Salud, Alberto Tejada, se lo entregó en enero del 2012.

“Nunca he hecho referencia a ese informe referido al proyecto minero Quechua-Cusco, sino al otro informe sobre los riesgos a la salud por exposición a metales pesados que afectan a Espinar y es sobre el cual las autoridades deben adoptar las medidas preventivas correspondientes”, dijo en amplias declaraciones difundidas en la pagina on line Servindi.

Cabe destacar que la denuncia sobre la contaminación de los ríos Salado y Cañipía, en cuyas cuencas opera la minera Xstrata, y que afecta a cuatro distritos y siete comunidades campesinas, obra en la Fiscalía Ambiental de Espinar, la que apertura investigación el 21 de noviembre del 2011 y está basada en los estudios de la ingeniera ambiental Eike Humpel, y no en el informe de CENSOPAS obtenido por la congresista Mendoza en enero del año en curso.

Este informe ha sido añadido a posteriori en la denuncia porque confirma los estudios de la ingeniera Humpel.

Según el informe de CENSOPAS, que confirma los términos de la denuncia penal de las autoridades de Espinar, de 506 personas analizadas de los distritos de Espinar, Pallpata, Occoruro y Pichigue, ubicadas en el área de influencia de Xstrata Tintaya, el 5.5% presentó valores por encima de los límites de permisibles de mercurio y que 24 de ellos presentaban valores de arsénico en la orina.

También se hallaron concentraciones de arsénico en dos muestras, de mercurio en 33 muestras de agua de consumo humano, que superaron los límites permisibles establecidos por los DS 002-2008-MINAM y 031-2010-SA, así como los parámetros guías de la OMS.

Mea culpa

En su momento cuando se hizo pública esta información el pasado miércoles 23 de marzo en el diario El Comercio de Lima, el propio gerente de la empresa Xstrata Tintaya, Edgardo Orderique Luperdi, admitió en forma pública: “Sí, estamos por encima de los límites permisibles, pero tenemos cinco años para adecuarnos”, asumiendo que continuarán arrojando relaves a los ríos, con lo cual estarían afectando a la poblaciones con agua contaminada por otros cinco años.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en declaraciones abiertamente cuestionable, que cuestionan la moral del gobierno, ha declarado este jueves en RPP que la minera no contamina el ambiente y que por lo demás se trata de una empresa con rango internacional de minera responsable, como si los informes que amparan la denuncia penal fueran un fabula.

La investigación fiscal, al parecer interrumpida porque no se sabe de sus resultados, alcanzó a realizar una inspección in situ y establecer que los ríos Hiunumayo y Tintaya, cuyas aguas desembocan en los ríos Salado y Cañipía, registran presencia de relaves mineras y coincidentemente en las cuencas altoandinas donde se origina estas aguas, opera Xstrata Tintaya

La contaminación de las aguas de los ríos Salado y Cañipía, según la denuncias en manos de la Fiscalía Ambiental de Espinar, afecta directamente a los pobladores de cuatro distritos de Yauri y a siete comunidades campesinas, entre ellas las de Huarca, Alto Huancanè, Huija y Huija Qollana.

Además de este forma de contaminación, según la denuncia, la empresa tiene relaveras expuestas al medio ambiente, de las que por efecto de los vientos, lanza los polvos con sustancias toxicas que caen de lleno sobre las viviendas de los pobladores.

Esta dramática realidad no puede ser silenciada con respuestas policiales sino con investigaciones reales y soluciones, y estas de acuerdo con normas de fiscalización, en este caso no aplicadas por Osinergmin, menos por el ministro Merino, involucrarían la suspensión de las actividades de la empresa hasta que implemente las medidas correctivas que se reclaman.

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Se necesitaría otra Tierra para mantener el consumo actual, alerta WWF

Población mundial consume en un año los recursos que el planeta demora 18 meses en regenerar. En EE.UU. la situación es peor

Martes 15 de mayo de 2012 - 10:35 am

(AP)

Ginebra (EFE). La Tierra tarda un año y medio en regenerar los recursos que la población mundial consume en doce meses, algo que no es sostenible a largo plazo y que debe ser asumido y modificado por los jefes de Estado que acudirán a la cumbre de desarrollo sostenible Rio+20.

Así lo advirtió hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza, (World Wide Fund, conocido por sus siglas WWF) al presentar su informe “Planeta Vivo 2012”, en el que hace una evaluación del estado de nuestro mundo, señala las presiones a las que está sometido y detalla soluciones para mejorarlo.

El texto afirma que de 1970 a 2008 la biodiversidad en el mundo se ha reducido un 30 por ciento, y un 60 por ciento de ella se ha perdido en los trópicos, en países muy poco desarrollados.

La demanda de recursos naturales se ha duplicado desde 1966, y actualmente el mundo tarda un año y medio en regenerar lo que consumimos en doce meses. De hecho, si todos consumiéramos como un estadounidense medio, necesitaríamos cuatro planetas para soportarlo.

USAMOS UN 50% MÁS DE LO QUE TENEMOS

“Vivimos como si tuviéramos otro planeta disponible, estamos usando un 50 por ciento más de recursos de los que el planeta puede ofrecer. Tenemos la capacidad de ofrecer agua, comida y energía a los 9.000-10.000 millones de personas que vivirán en la Tierra en 2050, pero solo si todos, gobiernos, empresas, y ciudadanos modificamos nuestro comportamiento”, advirtió en una rueda de prensa Jim Leape, director general de WWF Internacional.

Leape considera que ese cambio puede producirse en la cumbre de la ONU conocida como Rio+20 -que se celebrará dos décadas después de la Cumbre de la Tierra, la primera gran reunión que trató sobre la degradación del planeta y cómo modificar dicha tendencia- aunque es consciente que la tarea no va a ser fácil.

“Este desafío es tan trascendental que no podemos dejar el cambio sólo a los individuos, los gobiernos tienen que actuar y el momento es ahora. No estamos donde deberíamos estar en cuanto a la negociación, pero falta aún un mes y debería hacerse todo el esfuerzo necesario para lograrlo”.

ECOSISTEMAS Y HUELLA ECOLÓGICA

Para evaluar el estado del planeta se han usado dos herramientas, el Índice Planeta Vivo, que evalúa la salud de los ecosistemas de la Tierra; y la Huella Ecológica, la demanda y uso de recursos por parte de los humanos en comparación con la capacidad de regeneración de los mismos, que se concreta en el área de tierra realmente disponible para producir recursos renovables y absorber las emisiones de CO2.

Los diez países con mayor huella ecológica del mundo son Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda; España se sitúa en el puesto 25.

“Puede sorprender ver a países como Dinamarca, conocidos como ecológicos, estar en una posición tan alta, pero es que la huella toma en cuenta las importaciones y su coste, y este puede ser muy alto para el medio ambiente”, explicó Gemma Cranston, de la Red Global de la Huella Ecológica, co-editora del informe.

Los países ricos tienen de media cinco veces más impacto que los menos desarrollados, pero el mayor declive en biodiversidad lo padecen las naciones pobres, que según el informe “subsidian el estilo de vida de los países ricos”.

Para poder reducir el impacto de nuestro patrón de consumo sobre la Tierra deberíamos reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables, disminuir y mejorar el consumo de agua, producir más eficientemente, intentar comprar productos que hayan sido fabricados o creados de forma sostenible, y acabar con los subsidios, sugiere WWF.

Enlace: http://elcomercio.pe/planeta/1414959/noticia-se-necesitaria-otra-tierra-mantener-consumo-actual-alerta-wwf

Inambari: Gran beneficio para Brasil y desastre ambiental para Perú

Por Ing. José Serra Vega

Ser, 3 de mayo, 2012.- El Perú firmó el año 2010, durante el gobierno de Alan García, un tratado con Brasil para exportar electricidad a ese país, producida por el represamiento de nuestros grandes ríos amazónicos.

El gobierno del Brasil propuso ejecutar cinco proyectos (el Perú, generosamente, le ha ofrecido 20 proyectos, es decir media Amazonía) y lo repartió entre sus más importantes compañías de construcción. El más importante de esos proyectos es el del río Inambari, que le tocó a OAS, la constructora más grande del Brasil, y a Eletrobrás y Furnas, ambas de propiedad del gobierno brasileño. Estas tres empresas formaron en Puno el consorcio EGASUR, que hizo los Estudios de Factibilidad y de Impacto Ambiental del Proyecto, invirtiendo, quizás, unos $8 millones. Esos estudios proponen la construcción de una central hidroeléctrica con una potencia instalada de 2,200 megavatios (MW), es decir un tercio de toda la capacidad instalada actualmente en el Perú, con un dique de concreto y piedras de 203 metros de altura, el que formaría un embalse que inundaría un área de 378 kilómetros cuadrados. La inversión sería de $4,312 millones para la hidroeléctrica y 882 millones para la línea de transmisión al Brasil. El análisis financiero (1) de donde se han extraído los datos de este artículo no considera la línea de transmisión.

El proyecto ha dividido a la opinión pública peruana entre partidarios, básicamente ingenieros que trabajan en el sector eléctrico y algunos políticos; y adversarios, especialmente los pobladores de la zona afectada y organizaciones ambientalistas.

Los argumentos de los que están por el sí dicen que el Perú se beneficiará de energía barata (pero la energía del Inambari no lo será si se consideran los costos sociales y ambientales), que el sistema eléctrico peruano se beneficiará de su vinculación al sistema brasileño, que es mucho más grande y podría suministrar energía en el caso de una crisis de generación en este país. Además dicen que los brasileños van a poner toda la inversión y la tecnología, que compañías y trabajadores peruanos van a ganar durante la construcción y la operación, y que las regiones van a recibir ingresos del canon hidroeléctrico.

Los medioambientalistas opositores señalan que más de 90,000 hectáreas serían deforestadas, que la ecología del río sería seriamente afectada, que los trabajos y alteración del paisaje causarán grandes pérdidas en la rica biodiversidad de la zona, aledaña al Parque Nacional Bahuaja Sonene, uno de los más importantes del mundo, y que el reservorio producirá millones de toneladas de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global, que ya está afectando seriamente a los glaciares de la cordillera de los Andes. Unos 4,000 pobladores deberán ser reubicados, pero ellos han rechazado a la compañía, ya que no quieren abandonar ni sus tierras ni su modo de vida y temen el influjo de miles inmigrantes a la zona, a la búsqueda de trabajo y tierras, con todos los consiguientes males sociales implicados en este tipo de procesos. Reubicarlos satisfactoriamente en la misma región va a ser muy difícil debido a la limitada aptitud agrícola del lugar y a la escasez de tierras.

Hemos analizado el proyecto a partir de los datos publicados para cifrar los beneficios que podría esperar el consorcio EGASUR y sus ventajas y desventajas para las sociedades peruana y brasileña. Para ello se supuso que la construcción del proyecto comenzaría en el 2012, que operaría durante 30 años, a partir del año 2017 y que al final de la concesión sería entregada sin costo al Estado peruano. Se hicieron dos hipótesis de repartición de la generación: 24% (Caso B) y 48% (Caso C) para el Perú, y lo restante para el Brasil. Para estos casos se consideraron los precios actuales de la electricidad: $56.00 por megavatio-hora (MWh) para el Perú y 51.96 para el Brasil. También se consideró un Caso A en el que la tarifa sería la misma para Perú y Brasil: 70.00 $/MWh, que es la que EGASUR ha considerado en su estudio de factibilidad, y por lo tanto no es necesario considerar una repartición de la generación entre los dos mercados. Luego se hicieron análisis de sensibilidad para identificar los umbrales de rentabilidad del proyecto.

También se consideró que EGASUR obtendría una remuneración por concepto del afianzamiento de las centrales de Santo Antonio y Jirau en el río Madeira, en territorio brasileño. Esto quiere decir que durante la estación seca el agua que soltará el reservorio del Inambari podrá ser utilizada por esas centrales, las que deberían pagar por el servicio.

Todos los resultados están en Valores Actuales Netos (2) (VAN) en el cuadro siguiente para tres casos: A, B y C, todos con afianzamiento del Madeira. En el caso A la tarifa es la misma para Perú y Brasil: 70.00 $/MWh, en los casos B y C la tarifa es la actual. Sin afianzamiento del Madeira los casos B y C no son rentables a las tarifas actuales.

El resultado final es que cuando se consideran los costos ambientales y sociales el proyecto es altamente negativo para la sociedad peruana.

Para el caso con 48% de la generación para el Perú, las tres regiones involucradas, Puno, Cusco y Madre de Dios, recibirían un canon de un VAN de $ 1,300,000 por año durante 15 años.

Finalmente se calcularon los aportes del proyecto a las economías del Perú y del Brasil y se llegó a la conclusión de que el proyecto es altamente positivo para la sociedad brasileña y altamente negativo para la sociedad peruana.

*El IGV a las ventas de electricidad está considerado dentro de los ingresos del gobierno peruano, pero debe ser sustraído de la cuenta final porque es una transferencia de riqueza dentro de la sociedad peruana.

Notas:
1) SERRA VEGA J. et alia (2012). Costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico del río Inambari. WCS y CSF. Lima. (En prensa).

2) El Valor Actual Neto de un proyecto es la diferencia entre todos los ingresos y egresos durante su vida útil, actualizados a la fecha de hoy. Es decir, tiene en cuenta que 100 soles dentro de un año valen menos que 100 soles hoy día. La diferencia puede ser la tasa de interés o el beneficio que espera el inversionista de su capital. Esto se llama tasa de actualización. Para los cálculos financieros se utilizó una tasa de actualización de 12% y para los costos medio ambientales de 1% y 11% según el caso.

Noticias SER agradece la colaboración del Ing. José Serra por el presente artículo, preparado para el Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas

ENLACE: http://servindi.org/actualidad/63783

REFLEXIONES EN EL DÍA INTERNACIONAL DE NUESTRA MADRE TIERRA

Por medio de la Resolución N.° 63/278, del 01 de mayo de 2009, la ONU institucionalizó la celebración del “Día Internacional de la Madre Tierra”, remarcando que esta expresión de especial consideración a nuestro hogar común -que es utilizada por prácticamente todos los pueblos y naciones originarias o indígenas del mundo- denota la indesligable interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies junto a las cuales tenemos la suerte de compartir este hermoso planeta. En efecto, como bien lo ha señalado la ONU en esta resolución y a través de otros documentos elaborados por científicos internacionales, el equilibrio y la buena salud de los ecosistemas del planeta son indispensables para que tanto las generaciones actuales de seres humanos como las futuras puedan gozar de una vida auténticamente digna y saludable.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el informe entregado a la ONU a inicios de este año por un panel de 22 expertos de 07 países titulado “Gente resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir”, el mismo que servirá de base para la Conferencia de las Naciones Unidas de “Río + 20”, a desarrollarse en junio próximo. En este documento, se  señala, entre otras cosas, que: “Dado que la población mundial parece encaminada a crecer a cerca de 9 000 millones de habitantes para el 2040 desde los 7 000 millones actuales y a que el número de consumidores de clase media aumente en 3 000 millones en los próximos 20 años, la demanda de recursos aumentará exponencialmente. Para el 2030, el mundo necesitará al menos un 50 por ciento más de alimentos, un 45 por ciento más de energía y un 30 por ciento más de agua – todo ello en un momento en que los límites del medio ambiente imponen nuevos límites al suministro. Esto sucede sobre todo con el cambio climático, que incide en todos los aspectos de la salud humana y del planeta”.

Ello no hace más que reiterar lo evidente: que nuestro planeta está atravesando una muy grave crisis ambiental. En efecto, sólo para mencionar algunos ejemplos de ello, tenemos que en China desaparecen 20 lagos anualmente como consecuencia del cambio climáticos y de las actividades humanas; que alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques se pierden al año producto de la deforestación y la desertificación; que existen 20 millones más de personas desnutridas que en el año 2000; y que las emisiones de CO2 aumentaron un 38% entre 1990 y el 2009, elevándose así el riesgo de aumento del nivel del mar y climas extremos.

Producto de lo cual, este informe concluye una verdad a todas luces cierta y a la vez incómoda para muchos que viven de esta destrucción, que: “El modelo de desarrollo mundial es insostenible. No podemos continuar suponiendo que nuestras acciones colectivas no darán lugar a situaciones sin retorno en la medida que no respetamos los umbrales críticos del medio ambiente, lo que puede causar daños irreversibles para los ecosistemas y las comunidades humanas. (…) De hecho, sino somos capaces de resolver el dilema del desarrollo sostenible, corremos el riesgo de condenar a 3 000 millones de miembros de nuestras familias a una vida de pobreza endémica. Ninguno de estos resultados es aceptable, por lo que tenemos que encontrar un nuevo camino hacia adelante”. Palabras oficiales de un organismo internacional al que nadie puede acusar de “ambientalista”, “verde” o “caviar”, y que simplemente nos ratifican que el actual modelo de desarrollo económico, basado en el consumismo a ultranza, en la bonanza material como sinónimo de “desarrollo”, está generando esta crisis planetaria que parece irreversible, y que traerá lamentables consecuencias sobre todas las especies, especialmente la nuestra.

Ahora bien, sólo para recordar cómo nos va aquí en el Perú en estos aspectos, ocurre que en la actualidad tenemos más de 6 000 pasivos ambientales mineros, de los cuales únicamente 941 (o sea, mucho menos de la quinta parte) tienen un responsable para su remediación; que en 30 años se ha perdido el 22% de la superficie de nuestros glaciares, siendo la Cordillera Blanca la más afectada al perder nada menos que el 33% de su superficie (9,3 km2). Dos ejemplos que nos ilustran y demuestran que nuestro actual “desarrollo” no es tal, pues está basado en la destrucción de nuestro medio ambiente. Y es claro que un genuino desarrollo nunca puede costarnos el precio de destruir nuestro propio hogar.

La grandeza de las culturas que conformaron el Tahuantinsuyo, admiradas, respetadas y estudiadas hoy en día con asombro por muchas personas en todo el mundo (al punto que ha llegado a ser considerada como una de las sociedades más justas, equitativas y avanzadas en los planos social, moral, tecnológico y científico en toda la historia humana), no fue ni el producto de la casualidad ni, mucho menos, de la aplicación de una economía extractivista, consumista y depredadora del ambiente. Todo lo contrario, la historia nos demuestra que el eje fundamental de su desarrollo se debió gracias al impulso que le brindaron a la actividad agrícola, la que practicaron basándose en el respecto y la convivencia armónica de los seres humanos con nuestra Madre Tierra.

Es necesario reiterar en este nuevo “Día Internacional de la Madre Tierra” que la especie humana debe reencontrarse con sus raíces ancestrales y retomar sus vínculos con el entorno natural al que le debe su existencia y su vida. Y, para ello, es preciso que vuelva a volcar su mirada hacia la cosmovisión de nuestras culturas ancestrales, las que por siglos y siglos han sabido vivir en perfecta armonía con nuestra Madre Tierra, legándonos a nuestra sociedad sus sabios conocimientos, en los cuales probablemente encontremos la mejor –sino la única- opción para gozar del “buen vivir”.