LAS ANUNCIADAS MEDIDAS DEL GOBIERNO “NACIONALISTA” PARA CONTINUAR REMATANDO EL PERÚ Y EL SOMBRÍO ESCENARIO QUE SE CIERNE SOBRE NUESTRO PAÍS

Como es de público conocimiento, el pasado 24 de mayo el señor Ollanta Humala anunció ante los medios de comunicación que, a efectos de atraer más inversiones privadas al país y consolidar las ya existentes, así como darle un nuevo impulso al crecimiento económico de nuestro país (que, supuestamente, se viene desacelerando), su gobierno dictaría una serie de medidas legales orientadas a optimizar los procedimientos administrativos del sector público a fin de eliminar las trabas burocráticas a la inversión. De esta forma, se buscaría atraer a más inversionistas extranjeros y concretar un total de 69 obras de infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria, portuaria, turística y otras cuya ejecución se ha proyectado en diferentes zonas del país.

Es precisamente en este contexto que, con fecha de 16 de mayo, se expidió el Decreto Supremo N.° 054-2013-PCM, a través del cual, entre otros aspectos, se dispuso la simplificación a ultranza del procedimiento para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) –procedimiento que ya había sido reducido en anteriores ocasiones- convirtiendo así a este importante documento en una mera formalidad y desnaturalizando totalmente la finalidad para la que fue creada, esto es, brindar condiciones de protección adecuadas para nuestro patrimonio cultural. En efecto, prueba de ello es que con esta modificación ocurrirá que, en el caso de que el Ministerio de Cultura (MINCU) no se pronuncie dentro de un plazo de 20 días hábiles sobre la emisión del CIRA que le solicite cualquier particular, procederá la aplicación del silencio administrativo positivo, transgrediendo y desconociendo con ello de forma abierta lo dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo (Ley N.° 29060), la cual refiere expresamente que este tipo de silencio administrativo no es aplicable en aquellos casos en los que se afecte el patrimonio histórico cultural. A lo cual habría que sumar que este dispositivo (el D.S. N.° 054), desconoce flagrantemente las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano a través de la suscripción de diversos convenios y tratados sobre protección del patrimonio cultural.

El caso de la Zona Arqueológica de Puruchuco – Huaquerones, donde se pretende destruir parte de la misma para construir una vía de acceso directo a un centro comercial del Grupo Interbank, es un ejemplo de un nuevo tipo de conflicto social.

  

 

 

Del mismo modo, como parte de este primer paquete legislativo, el 22 de mayo se emitió la Ley N.° 30025, norma a través de la cual se establecen diversos mecanismos legales para facilitar la adquisición, expropiación y posesión de los bienes inmuebles que se requieran para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional  y/o de gran envergadura. Al respecto, entre otros temas, llama poderosamente la atención y resulta realmente preocupante que esta norma disponga que, durante el desarrollo del proceso de adquisición, expropiación o posesión de los inmuebles, prácticamente no exista lugar

“(…)en breve, es muy posible que tengamos que presenciar no sólo terribles desalojos, sino que contemplemos escenarios de masivos desplazamientos de poblaciones y éxodos de pueblos enteros”

para una negociación entre las partes -desconociendo así uno de los principios fundamentales de la libertad de contratación tan pregonada por los fanáticos del libre mercado y los neoliberales que hoy rodean a Ollanta Humala- sino que, más bien, de forma abusiva y casi dictatorial, se pretenda obligar al propietario del inmueble a transferirlo sí o sí, con la única opción de acudir a la vía arbitral o judicial únicamente para lograr un mejor precio por el bien. Pero, además, si el inversionista desea iniciar prontamente la ejecución de la obra, bastará con que interponga una medida cautelar sobre el inmueble sujeto a expropiación ante el Poder Judicial para que éste, cual mesa de partes y con el sólo mérito de la presentación de la demanda, la declare automáticamente fundada y otorgue la posesión provisoria del bien al inversionista. Esta medida es realmente incalificable, pues despoja al juez de su poder de discrecionalidad para emitir resoluciones motivadas en derecho, reduciendo la figura de la medida cautelar a la de un mero procedimiento administrativo de aprobación automática. Y, peor aún, es que si el propietario o posesionario se resiste a desocupar el bien inmueble, él y todos los ocupantes serán obligados a hacerlo por la fuerza pública, convirtiéndolos de esta manera en intrusos o usurpadores de su misma propiedad; por lo que, en breve, es muy posible que tengamos que presenciar no sólo terribles desalojos, sino que contemplemos escenarios de masivos desplazamientos de poblaciones y éxodos de pueblos enteros.

Finalmente, otro de los dispositivos emitidos en este contexto de liberalización a ultranza de la economía y la supuesta “optimización de los procedimientos administrativos” es el D.S. N.° 060-2013-PCM (que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada), el cual, a pesar de su extenso y engañoso nombre, tiene como única finalidad reducir aún más los plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA) y Semidetallados (EIA-sd), siendo los más favorecidos los del sector de energía y mina. De esta forma, el procedimiento para la entrega de la certificación ambiental se convierte, en la práctica, en una mera formalidad, pues si ya con la normatividad anterior no existía ninguna garantía de una revisión exhaustiva y rigurosa por parte de la autoridad competente respecto al cumplimiento de los particulares de los estándares ambientales, con esta nueva reducción de plazos sencillamente se pone en serio riesgo toda protección del ambiente y de la salud humana.

Este primer paquete de medidas legislativas demuestra ya no sólo la política entreguista de este gobierno, sino también su cada vez más creciente grado de corrupción, pues tales medidas no sólo buscan favorecer contra viento y marea la ejecución de las 69 obras por parte de los grandes inversionistas privados (principalmente foráneos), sino también a los lobistas nacionales e internacionales -ligados en su mayoría a los grupos de poder vinculados a la CONFIEP- los que seguramente con “gran generosidad”, han impulsado estas reformas legales con el pretexto de “fomentar la inversión privada” y asegurar “el crecimiento económico del país”.

Otro de los grupos sociales que sería afectado con la finalidad de “fomentar la inversión privada” y continuar con el “crecimiento económico del país”, serían los trabajadores. Ya existen propuestas de la CONFIEP para flexibilizar más el régimen laboral.

 

 

Ciertamente, hay mucho más que decir sobre este paquete normativo ya emitido y que se planea incrementar en breve; de hecho, en este pequeño artículo simplemente nos hemos limitado a efectuar un somero repaso de las disposiciones más llamativas, por lo que en artículos sucesivos profundizaremos con mayor detenimiento los alcances y efectos de cada una de estas normas. No obstante ello, este breve repaso nos permite concluir dos cuestiones importantes: primero, que este gobierno se ha propuesto seguir desmantelando en favor del gran capital nuestro ya de por sí endeble sistema jurídico, el cual, mal que bien y con todas sus limitaciones, trata de proteger los derechos fundamentales de muchos grupos sociales de nuestro país, dejándolos en estado de casi total indefensión (tal es el caso de las comunidades campesinas y nativas, las cuales serán las principales afectadas, dado que la mayor cantidad de proyectos de inversión que son declarados de necesidad pública e interés nacional se encuentran ubicados generalmente en territorios comunales); y, segundo, que sin lugar a dudas la ola de conflictos socioambientales y protestas sociales en defensa de la tierra, el ambiente, el agua, la vida y demás derechos fundamentales crecerá exponencialmente en los próximos meses, más ahora que existen versiones que señalan que el gran empresariado nacional –muy consciente de la “excelente predisposición” del actual gobierno para promover las inversiones- tiene en mente plantear la flexibilización de nuestro exiguo régimen laboral. Así que a estar atentos con las próximas sorpresas que se nos vienen.

Lima, junio de 2013

Colectivo por la Madre Tierra - COMTERRA