sábado, 2 de marzo de 2013


Pluspetrol y las amenazas a la biodiversidad en la Amazonia Peruana

Por Guillermo Yucra Moreno
1 de marzo, 2013.- En otros países quizás la información filtrada por el periódico británico The Guardian relacionadas a las secretas intenciones de la compañía Pluspetrol, hubieran merecido una cobertura mayor y hasta hubieran suscitado controversias en la opinión pública, pero en un país como el nuestro donde la cultura del rating y el sensacionalismo de los reality shows son la quientaesencia de la comunicación, esta ha sido una noticia más que ha pasado como intrascendente.
La información filtrada por el periódico The Guardian está basado en un informe elaborado en marzo del año pasado por la  agencia medioambiental Quartz Services S.A titulado: “Plan de Investigación para la Exploración Geológica y Geoquímica de Superficie en el Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento”.
Dicho informe pondría en evidencia la secreta estrategia del consorcio hispano-argentino Pluspetrol, cuyas actividades extractivas de gas y petróleo alcanzaran en el año 2008 el 66% de la producción total de estos recursos.(1) Es decir, se trataría de uno de los mayores monopolios del país en lo que respecta a la producción de hidrocarburos.
Las secretas intenciones de la Pluspetrol serían las de expandir sus operaciones más allá del área que actualmente ocupan (lotes 56 y 88 en el Bajo Urubamba), e introducirse en una zona conocida como “Fitzcarrald” para hacer exploración geológica en la región del río Maquizapango y alrededores, un área ubicada al este del lote 88, dentro del Parque Nacional del Manu que fuera declarado en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que según las leyes peruanas es una zona intangible; es decir, que estaría prohibida la extracción en estas áreas naturales protegidas.
En el Parque Nacional del Manu se encuentran comunidades indígenas en “situación de aislamiento voluntario”(2) que al primer contacto se estima que las tasas de mortalidad afectarían entre una tercera parte y la mitad de su población dentro de los primeros años.(3) El Parque Nacional del Manu alberga también el 10% de especies de aves, 5% de mamíferos y 15% de mariposas que hay en el mundo; además de encontrarse ubicada en una de las áreas reconocidas por los especialistas como una de las de mayor biodiversidad del planeta.(4)
Aunque la compañía Argentina Pluspetrol haya negado que tenga planificado efectuar actividades extractivas fuera de su área de concesión, ha quedado en evidencia su interés al “solicitar permiso para realizar observaciones geológicas” al interior del Parque Nacional del Manu, permiso que fuera denegado por el SERNANP (Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas) en octubre del 2011.(5) Lo que tendría que esclarecerse en este caso es: ¿Por qué una transnacional como la Pluspetrol con fuertes inversiones en el sector de hidrocarburos ha continuado insistiendo esta vez secretamente en las exploraciones  geológicas y geoquímicas que como alega la consultora medioambiental fueron encargadas para su estudio? ¿En qué términos se sostuvieron las “reuniones con la consultora”? ¿Y por qué habida cuenta de la intangibilidad del área se procedió a reunirse con dicha consultora “que estaba haciendo las indagaciones del caso” referidas a los estudios geológicos y geoquímicos?
Son varias las preguntas a las que tiene que responder la Pluspetrol pero como se ha visto en lo manifestado por uno de sus funcionarios se incurre en varias contradicciones: “Por interés científico se recomendó solicitar permiso para realizar observaciones geológicas superficiales en el Parque Nacional del Manu, con cero intervención en el medio ambiente, y por lo tanto nulo impacto ambiental. Tuvimos reuniones con la consultora que estaba haciendo las indagaciones del caso, y como consecuencia –dada la restrictividad del área- decidimos no continuar con la solicitud de la realización de observaciones superficiales”.(6)
En realidad mueven a risa los argumentos esgrimidos por la Pluspetrol de que sea un “interés científico” lo que haya motivado a esta empresa requerir solicitud de permiso con la finalidad de realizar observaciones geológicas en una zona intangible, toda vez que la socia mayor del consorcio Camisea viene anunciando la perforación de tres pozos con una inversión que asciende a unos 70 millones de dólares en el área denominada San Martín Este. Además para este año se darían inicio a los trabajos de proyección sísmica en dos zonas adicionales con miras a realizar trabajos de perforación para más adelante.
Para nada pues son un secreto las ambiciones del megaconsorcio Camisea liderado por la Pluspetrol. Marc Gavaldá, un destacado analista ha alertado sobre las incursiones extractivas que se vienen efectuando en la mencionada Reserva Territorial Kugapakori Nahua-Nanti y otros, sin que los medios de comunicación oficial hayan hecho eco de esta información y sin que las autoridades hayan demostrado el interés que el caso amerita.(7) En consecuencia, desde el punto de vista de la estrategia corporativa de la Pluspetrol no se descarta como en el caso de la reserva territorial en mención, la exploración y la explotación de los ricos yacimientos de gas que hay en el Parque Nacional del Manu.
La ampliación del Proyecto Camisea que se viene anunciando viene impactando en  la Reserva Territorial Kugapakori Nahua-Nanti y Otros, -la única de las 5 reservas territoriales existentes- que fuera elevada de estatus jurídico y establecida por decreto supremo en el año 2003, precisamente como medida de protección a las poblaciones indígenas no contactadas.(8) En esas circunstancias fue que el Banco Interamericano de Desarrollo se comprometió a financiar el Proyecto Camisea con la finalidad de que el Estado se comprometiera a velar por el cumplimiento del decreto supremo que suscribe rotundamente: “Queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales [en la reserva]”.
Sin embargo, eso no parece ser óbice para los voraces apetitos de la Pluspetrol que contando con la total anuencia de un Estado débil, se empeña en seguir afianzando sus millonarias inversiones. El lote 88 concesionada a la Pluspetrol se superpone también al 75% de esta reserva territorial, lo cual se constituye en una verdadera amenaza a los derechos de las poblaciones indígenas, a la biodiversidad y al bosque de paraíso tropical que se encuentra asentado en esta región del Bajo Urubamba.
Notas:
(1) Véase: Estadística Petrolera. Perupetro, 2008, p. 28.
(2) Lo de pueblos en “situación de aislamiento voluntario” es un eufemismo. Ninguna población se aísla voluntariamente ni mucho menos las poblaciones indígenas amazónicas que han sido confinadas durante siglos a la miseria y al olvido.
(3) Véase: Los proyectos petroleros y gasíferos en la Amazonia Occidental. Amenazas a tierra virgen, biodiversidad y pueblos indígenas. PLOS ONE, 2008, p. 3.
(4) Los especialistas alegan que la Amazonia del Perú junto con Ecuador, Colombia, Bolivia y el oeste del Brasil es una de las áreas más biodiversas del planeta, dado que mantiene grandes extensiones de selva tropical húmeda virgen y, que en comparación con la selva oriental en Brasil aún no ha sufrido los niveles de deforestación masiva que en esta región si se han observado. En el Perú lo que más se asemeja a lo que viene ocurriendo en la amazonia oriental brasileña, es el impacto de la deforestación en la selva de Madre de Dios a manos de la minería ilegal. Véase: Ibid, p. 2.
(5) Aunque el SERNANP señala en su comunicado haber negado permiso a la Pluspetrol, se parcializa cuando dice en el punto 3 del comunicado en mención: “…debemos manifestar que sobre la existencia de un Plan de Investigación para realizar reconocimiento de geología de campo y geoquímica de superficie al interior del Parque y su zona de amortiguamiento, esta no ha sido presentada al SERNANP, por lo que hay una versión tergiversada y fuera de contexto de lo manifestado en algunos medios de comunicación”. (Las cursivas son mías) El SERNANP en lugar de realizar las averiguaciones pertinentes acerca de la información filtrada al periódico The Guardian da por resuelto el caso al señalar que de que se trata de “una versión tergiversada y fuera de contexto”. Véase: http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/noticia.jsp?ID=1366
(8) La Reserva Territorial Kugapakori Nahua-Nanti y otros fue creada en 1990 y establecida en el año 2003 con una extensión de 457,435 has. En ella se encuentran asentadas las poblaciones Nahua, Nantis, Mashiguengas y Mashco Piro. Como sabemos la transnacional anglo-holandesa Shell hizo su ingreso en los años 80. Ya para el año 1984 la población nahua fue exterminada en un 60% a raíz de las enfermedades virales provocadas por los conflictivos contactos iniciales sostenidos con los equipos de la Shell y con los colonos madereros. Posteriormente la Shell se retiró y el Estado concesionó al consorcio Camisea la explotación del lote 56 y 88. El día de ayer la Repsol YPF –que tiene inversiones en el Perú (Lote 57-Región Junín)- ha anunciado la venta de sus millonarios activos a la corporación Shell, la misma que fuera llevada a juicio por la corte de Nueva York, el año 2009, por los crímenes perpetrados contra la población Ogoni en confabulación con el gobierno nigeriano. Es decir, la Shell acusada por sus aborrecibles crímenes en todo el mundo está hoy de vuelta en el Perú, pero esta vez no en la región del Bajo Urubamba sino en la región de la Selva Central donde se vienen vulnerando los derechos de las poblaciones indígenas Asháninkas y Kakintes.  Véase: http://gestion.pe/empresas/shell-retorna-al-peru-repsol-decidio-venderle-su-negocio-gas-natural-2060056

Entidades internacionales alertan sobre graves daños a la salud por la contaminación del Pastaza

- Advierten que la muerte, el cáncer, las mutaciones congénitas, las alteraciones al sistema nervioso y otras enfermedades muy graves son secuelas que pueden afectar a pobladores expuestos largo tiempo a contaminación verificada en el Pastaza.
Servindi, 27 de febrero, 2013.- Reconocidas organizaciones internacionales dedicadas al análisis ambiental y la defensa de la salud y derechos, reconocieron altos índices de contaminación en la cuenca del Pastaza, consecuencia de la actividad petrolera en el lugar. Además, alertaron sobre las secuelas en la salud de los pobladores de las comunidades impactadas.
Los informes corresponden a las entidades Source Internacional y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y fueron realizados por encargo de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), reportó la articulación: Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
Las interpretaciones se basan en los reportes e informes emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud (Digesa), producto del primer diagnóstico ambiental que realizó la Comisión Multisectorial N°200-2012-PCM en la zona.
En los documentos afirman las graves consecuencias a las que está expuesta la salud de los pobladores como padecer de alteraciones al sistema nervioso hasta, incluso, la muerte.
Ello ocurriría de estar expuestos de forma mediana o permanente a sustancias tóxicas como los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) o algunos metales pesados encontrados en el alto Pastaza.
Un dato importante que surge de los informes es que muchos de los elementos contaminantes reconocidos, como el Bario, los TPH o los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP) derivan casi exclusivamente de la actividad petrolera.
Además, los informes indican que la contaminación en la zona se encuentra en estado “difuso”, esto es dispersa en todos lados. Asimismo, de los resultados se deduce que la zona ha estado expuesta a contaminación por petróleo de forma recurrente, desde hace mucho tiempo atrás.

Informe de Source Internacional

Parte del informe de Source – Scientists for Human Rights se basa en el reporte público realizado por el OEFA, dedicado a muestras de suelos y tomando como referencia de calidad del suelo los indicadores de Bolivia, Canadá y Holanda, debido a que el Perú no cuenta con un estándar ambiental definido para este caso.
Flaviano Bianchini, fundador y director de Source, llama la atención sobre la presencia de Bario en la zona. “El bario es utilizado para la barite: sustancia que se usa en los lodos de perforación para la extracción de petróleo”, señala el especialista. En 7 puntos del total de muestras, el Bario sobrepasa el límite permitido según la guía candiense.
Uno de los lugares donde se ha encontrado mayor cantidad de Bario procede de la tierra de lo que fue la laguna Shanshococha. En este punto, el bario supera hasta en 31 veces el límite de referencia.
Se indica además que casi el 70 por ciento de las muestras tomadas por el OEFA superan el límite permitido de TPH. Incluso, hay puntos que llegan a altísimos índices, como en la quebrada Ismacaño (92 veces más) o la quebrada Ushpayacu (23 veces más).

Los sedimentos son la “memoria” de un río

Source también interpreta el reporte público de la ANA sobre aguas y sedimentos y advierte la alarmante presencia de metales pesados como aluminio, plomo, manganeso y arsénico, algunos de estos muy tóxicos o venenosos.
El informe además se detiene en los sedimentos: “estos pueden considerarse como la “memoria” de un río”, dice. “El agua fluye de manera rápida en los ríos, si hay una contaminación esta fluye con el agua. Sin embargo, parte de esta contaminación se depositará en los sedimentos del río”.
La quebrada Ullpayacu y la cocha Chirunchicocha “se encuentran altamente contaminadas por hidrocarburos”, afirma Source.
Respecto a los TPHs, es alarmante señalar que ambos puntos superan hasta en 222 y 382 veces más, los estándares nacionales de calidad de aguas. Las consecuencias pueden ser terribles: “cáncer, mutaciones congénitas y otras enfermedades muy graves”, señala el informe.

Interpretaciones de ELAW

El informe de la organización norteamericana ELAW analiza los reportes emitidos por la Autoridad Nacional del Agua – ANA y la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, este último abocado a las muestras de aguas superficiales y de consumo humano.
“El 72% de las muestras de sedimentos (informe de ANA) tienen niveles de hidrocarburos totales de petróleo que sobrepasan el valor óptimo según la norma canadiense para sedimentos”, señala en sus observaciones el informe.
Por otra parte, se precisa que el análisis microbiológico de DIGESA señala que las aguas están altamente contaminadas de coliformes totales y fecales. Las muestras fueron tomadas en aguas subterráneas, superficiales, pozos, piletas y grifos de las comunidades.
Según referencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el informe de ELAW señala que dichas aguas no son aptas para el consumo humano.
“El nivel de contaminación del agua de las muestras descritas indica que la población que consume agua de los puntos que exceden la norma indicados arriba, está expuesta a bacterias que ponen en riesgo su salud”, señala ELAW.
Los reportes públicos del Estado, y los informes de Source Internacional y ELAW pueden ser descargados aquí:

Perú: Denuncian que Grupo Romero deforesta bosques primarios en el Valle del Shanusi


Fotos: Fredesaa
Servindi, 6 de febrero, 2013.- El Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) denunció al Grupo Romero por la deforestación de bosques primarios en el distrito de Yurimaguas, en Loreto, a raíz de las operaciones de su proyecto de producción de biocombustibles “Palmas del Shanusi”.
El mismo cubre un área de siete mil hectáreas adquiridas al Estado, según un informe periodístico, de forma irregular, y otras dos mil compradas a propietarios locales. Hasta estos terrenos llegó el equipo que encabeza la fiscal ambiental Vanesa Vela que estuvo acompañado por representantes del Fredesaa.
Se comprobó así en el sector Independencia – Quiyanoc cómo maquinaría al servicio del Grupo Romero realiza actividades de deforestación. Según declaraciones de un expropietario, alrededor de 600 hectáreas de bosques primarios han sido deforestadas en su zona.
Un aspecto que llamó la atención de los representantes del Fredesaa es la preocupación que existe en los agricultores locales que creen no tener otra opción que vender sus tierras ante la amenaza de verse cercados por el proyecto “Palmas del Shanusi”, ubicado en el valle del mismo nombre.
Ellos denuncian que son constantemente presionados por la empresa para vender sus tierras.
En ese sentido los agricultores se sienten relegados debido a que las constancias de posesión que solicitaron fueron rechazadas a instancias del Ministerio del Ambiente, mientras que en cambio al Grupo Romero le dan facilidades y garantías sobre la propiedad en esas mismas áreas.
Otros perjudicados por el avance del proyecto de biocombustibles son aquellos pobladores que con apoyo estatal han emprendido proyectos de crianza de abejas para la producción de miel artesanal. Ellos también se están viendo cercados por la conocida empresa.
Un expropietario sostuvo ante los visitantes que el grupo Romero estaría pagando entre 300 a 600 nuevos soles por hectárea. Los precios bajos se deberían a que muchos de los agricultores de la zona solo cuentan con constancia de posesión y no con título de propiedad.
Cabe destacar, tal como lo reveló el diario La Primera, en 2006 el Ministerio de Agricultura adjudicó a favor del proyecto “Palmas del Shanusi” del Grupo Romero 7,029.35 hectáreas por un valor de 126,528.29 nuevos soles, es decir a 18 nuevos soles por hectáreas.
Esta adjudicación se habrìa hecho, explicó el mismo diario, sin tomar en cuenta que el predio “vendido” ya tenía posesionarios, cerca de 60 familias de la comunidad quechua-lamita de San Juan de Pacchilla.

Servindi, 25 de enero, 2013.- El rumor de dos muertos como probable saldo de un enfrentamiento quedó felizmente descartado hoy por  Cristóbal Barrios, presidente de la Comunidad de Cañaris, quién informó que el enfrentamiento ocurrido hoy con la policía dejó veinticuatro heridos, cinco de ellos de gravedad.
A través de Radio Marañón, Cristóbal Barrios precisó que el enfrentamiento ocurrió cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera Candente Copper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros.
Según el dirigente, la población realizaba un paro pacífico en su propio territorio cuando llegó el fiscal de Jaén y tomó la decisión de enviar a la policía a “bombardear a los hermanos comuneros”, indicó.
Producto de los disparos, indica Barrios, hay cinco heridos graves, uno de ellos de mayor gravedad por impacto de bala. Se trata de Santos Tantarico Manayai, del distrito de Pandachí, en Cañaris. Asimismo, el dirigente afirmó que la cifra total de heridos es de 25 personas.
Barrios señaló que la situación permanece calmada y que los ronderos planean retomar la vía “con más ganas e indignación luego de haber visto a sus propios hermanos heridos” anotó.
El dirigente solicitó que las organizaciones de derechos humanos denuncien tanto a la policía como a la Fiscalía por haber ordenado el desalojo.
Por otra parte, el dirigente rondero Bacilio Díaz Pérez repudió el hecho represivo y rechazó cualquier derramamiento de sangre peruana en la comunidad San Juan de Kañaris. “Pensamos que el Gobierno Central está en contra de las organizaciones, los campesinos hombres y mujeres humildes del país” expresó.
“Con esas actitudes demuestran que a los gobernantes y a las transnacionales no les importan la vida humana, las costumbres, las tradiciones, la cultura”, agregó.

Pretenden imponer proyecto minero a sangre y fuego

Díaz Pérez lamentó que el Gobierno no haya tomando en cuenta la consulta popular sobre el proyecto minero Cañariaco, realizada el año pasado por la comunidad.
“Nosotros demostramos al Estado que el pueblo de Cañaris es pacífico. Desgraciadamente, las autoridades, empezando por Humala , se burlan y hacen caso omiso a reclamos, a la metodología pacífica que empleamos para defender la vida, el agua, y los recursos naturales, agua de cabecera de cuenca, agua natural”, señaló el dirigente.
Igualmente, el poblador David de la Cruz, de la comunidad de Chilasque, señaló que más de trescientos comuneros se encuentran protestando en el caserio de Paipeta por los heridos del enfrentamento en Incahuasi.
“Nos preocupa que puedan haber heridos de gravedad. Así, no nos van a calmar jamás. Por el contrario, vamos a apoyar con más contundencia”, indicó.

Autoridades afirman que no se usó balas

Según el jefe de la Policía de la región, coronel Jorge Linares, en el operativo se utilizaron solamente balas de goma y gases lacrimógenos y según su versión, descartó el uso de balas de fuego.
Asimismo, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, confirmó la versión policial y descartó el supuesto deceso de dos personas en el desalojo.
“Tenemos información, no solo de la Policía sino del personal del Ministerio de Energía y Minas. Se trata de dos heridos y no muertos, que ingresaron en la posta de salud de Marayhuaca”, aseguró Huaroc.

Perú: Gobierno ignora demandas de comuneros de Cañaris y cierra filas a favor de minería

Servindi, 23 de enero, 2013.- Las demandas de los pobladores del distrito de Cañaris, en Lambayeque, que se oponen al proyecto minero Cañariaco, no interesan al gobierno que lejos de tomar medidas al respecto anunció la instalación de frentes policiales en zonas mineras para garantizar las inversiones.
A esta conclusión se llega luego de ver cómo representantes del gobierno como el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dejan de lado el tema social y ambiental para afirmar orondamente que detrás de la protestas se encuentran “los mismos que se opusieron al proyecto Conga en Cajamarca”.
En esa misma línea de razonamiento se pronunció el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros Vladimiro Huaroc, quien luego de formar parte de una “mesa de desarrollo” en Chiclayo sostuvo que detrás de las protestas se encuentra una “minería radicalizada”.
Ambas declaraciones ignoran por completo la consulta realizada el 30 de setiembre de 2012, en la que participaron cerca de dos mil pobladores de San Juan de Cañaris, en la que un 97 por ciento se manifestó en contra del proyecto minero de la canadiense Candente Cooper, en fase de exploración.
Las autoridades pretende soslayar que la actividad minera es una decisión impuesta sin consulta a una comunidad originaria quechua que reivindica su derecho a defender los bosques húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y su cultura ancestral.
Ignoran y hacen tabla rasa de que se trata de una comunidad originaria que reivindica su derecho colectivo al amparo del Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene fuerza jurídica en el Perú como tratado de derechos humanos y como tal está por encima de las normas legales y administrativas.
Ignora también que la actividad minera se pretende realizar sobre el territorio ancestral del pueblo Kañari, la cual afectará de una manera importante e irreversible su modo de vida, y que la mesa de desarrollo oficial pretende imponer una visión de desarrollo ajena a partir de la actividad minera.
Por eso, declaraciones como las antes citadas pretenden deslegitimar desde el inicio las protestas emprendidas desde el domingo 20 de enero en los alrededores del campamento minero de Candente Cooper, las mismas que ya obtuvieron respuesta de parte de efectivos policiales –más de doscientos cincuenta– que resguardan el lugar.
Sobre el conflicto también se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Otto Zoeger, quien señaló que su región no se puede dar el gusto de desperdiciar casi 1.800 millones de dólares directos o indirectos que genera la minería formal, por lo que pidió “se establezca el diálogo”.
En las últimas horas, el gerente de exploraciones de la Candente Cooper, Enrique Bernuy, opinó en la misma dirección que el titular del MEM al asegurar que en la reunión que celebró la comunidad de Cañaris en setiembre para rechazar el proyecto minero encontraron panfletos del MRTA y del Movadef.
Al margen de las declaraciones que evidencian sesgos interesados de parte lo que queda claro hasta el momento es que el proyecto minero no cuenta con el consentimiento de las comunidades afectadas y así lo confirma el creciente descontento de los pobladores locales, de los que no se puede decir -sin ofender a la verdad- que se trata de un puñado de “antimineros”.
Gracias a informaciones difundidas por fuentes locales como, por ejemplo, el área de estudios sociales y ambientales del Instituto de Desarrollo Regional (INDER) en los últimos días se han podido ver imágenes de los comuneros que han llegado a las inmediaciones del campamento minero para conversar con representantes de la empresa.
En el video se aprecia a una pobladora explicando por qué se oponen a la actividad minera y cómo es que sistemáticamente las autoridades hacen oídos sordos a sus demandas. Explica asimismo su preocupación por un recurso como el agua, fundamental para la agricultura y la ganadería.
Hasta este momento centenares de pobladores ratificaron continuar con su medida de fuerza y no han descartado trasladarse hasta las instalaciones de Candente Cooper para exigir el respeto de sus derechos. Mientras, el Ministerio del Interior respondió con la creación de un frente policial para resguardar las inversiones.
Iniciativas policiales como esas parecen estar diseñadas únicamente para reprimir y ahogar la voz de las comunidades que defienden su derecho a vivir sin contaminación y sin perder su identidad cultural ancestral. Mientras que a la vez se protege la inversión privada minera aún a costa de destruir la vida, las culturas, el hábitat y su diversidad.
Para más información sobre el caso pueden dar clic en los siguientes enlaces:

Plataforma de Lucha de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Cañaris

1) Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que Respete la Consulta Comunal del 30 de setiembre, respaldados por el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante, donde el 97 % de la población DECIDIÓ CON LIBERTAD NO DARLE LA LICENCIA SOCIAL a la minera Candente Copper y su proyecto Cañariaco.
2) Rechazamos el permiso oficial de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua le ha concedido a la minera.
3) Rechazamos la Resolución Ministerial N° 002-2013-PCM que forma una “Mesa de Trabajo” a espaldas de la comunidad y con mayoría de representantes pro mineros del gobierno y de Lambayeque, para quebrar nuestra justa lucha.
4) SI al Dialogo que respete los acuerdos de la Asamblea de la Comunidad:
a.- Que el Gobierno plantee a la minera Candente que paralice sus trabajos en Cañaris.
b.- Que se instale una Mesa de Dialogo en Cañaris con representantes del Gobierno que tomen decisiones vinculantes y con la participación del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.
c.- Que la Mesa de Dialogo se instale después del inicio del Paro Indefinido el 20 de Enero.
¡Defendamos nuestros Bosques Húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y nuestra cultura ancestral del Buen Vivir!
¡Cañariaco No Va, Ahora, Ni Nunca!
¡Exigimos al Gobierno que respete el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante!

‘Baguazo’: Fiscalía acusa a unos 50 indígenas por ocho delitos

Los principales inculpados son los líderes Alberto Pizango y Santiago Manuin. Acusación no señala responsabilidades para ninguna autoridad política
‘Baguazo’: fiscalía acusa a unos 50 indígenas por ocho delitos
El 5 de junio del 2009 se produjo el clímax de una convulsionada protesta de indígenas en donde murieron 33 personas y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán Soles.(Foto: Archivo El Comercio)

Tres años y medio después del conflicto de Bagua, en el que murieron 33 personas, la Corte Superior de Justicia de Amazonas emitió la acusación fiscal en la que acusa a unos 50 indígenas por ocho delitos en el proceso del caso de la Curva del Diablo.
El documento de 180 páginas muestra que los principales inculpados son los líderes indígenas Alberto Pizango y Santiago Manuin, a quienes se los acusa de ser los instigadores de ocho delitos. Según pudo conocer El Comercio, a los dos se los responsabiliza de homicidio calificado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas, daños contra el patrimonio en distintas modalidades y contra la seguridad pública.
Por este último delito se pide para ambos, y para otros seis indígenas, cadena perpetua. Por el delito contra los medios de transporte y comunicaciones son acusados 50 nativos.
La acusación fiscal no señala responsabilidades para ninguna autoridad política.
Esta resolución fiscal del 20 de diciembre del 2012, resuelve así el expediente 2009-194-010107.
La Fiscalía Superior de Bagua ha programado para el jueves 7 de marzo a las ocho de la mañana la audiencia para este caso.

Perú: Multan con 29 millones de soles a Pluspetrol por incumplir remediación en Pacaya Samiria

- La multa impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) asciende aproximadamente a Once millones 768 mil dólares.

Servindi, 16 de enero, 2013.- El OEFA impuso una multa de más de S/. 29 millones 775 417,00 a Pluspetrol Norte S.A. por no cumplir con actividades de remediación ambiental en el Lote 8, ubicado en la Reserva Nacional “Pacaya Samiria”.
Mediante la Resolución N° 006-2013-OEFA/TFA el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA confirmó la multa de 8 047,41 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a Oncemillones 768 mil dólares impuesta por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA (DFSAI).
Ambas instancias determinaron que la empresa de origen argentino incumplió los compromisos asumidos en el Plan Ambiental Complementario (PAC) aprobado el 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (Res. Directoral N° 760-2006-MEM/AAE).
Pluspetrol Norte S.A. no culminó dentro de los plazos establecidos con las actividades de remediación ambiental del yacimiento Yanayacu ubicado dentro de los límites de la Reserva Nacional “Pacaya Samiria”, una de las principales áreas naturales protegidas del Perú.
Resulta extraño que la sanción se haya aprobado recién el 2013 cuando el incumplimiento se verificó en las supervisiones realizadas durante en el 2008 y 2009 en las instalaciones del Lote 8, que se encuentra en el Distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto.
De acuerdo a lo señalado en el mencionado PAC, PLUSPETROL asumió la obligación de remediar los lugares contaminados con hidrocarburos correspondientes a la batería 3 (sitios 1, 3, 4 y 5) ubicada en el yacimiento Yanayacu, de una extensión total de 6,93 hectáreas, cuyo cumplimiento tenía como fecha límite el 17 de mayo de 2009.
Durante el procedimiento administrativo sancionador PLUSPETROL reconoció no haber cumplido con la remediación ambiental, argumentando en su defensa que había presentado una solicitud de modificación de las medidas de remediación establecidas en el PAC inicialmente propuestas, la que fue desestimada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Sobre el particular, el TFA señaló que al ser PLUSPETROL el solicitante de la aprobación del PAC, y además encargándose de establecer los compromisos ambientales a cumplir -cronograma, metodología y tipo de remediación a aplicarse, etc.-, dicho administrado no puede desconocer su obligatoriedad, o atribuir su incumplimiento a la negativa del MEM de aprobar nuevas medidas de remediación.
Asimismo, los documentos presentados por PLUSPETROL no acreditaban que la empresa se hubiera visto imposibilitada materialmente de cumplir los compromisos de remediación asumidos.
En el pronunciamiento del TFA se precisa que las modificaciones planteadas al PAC por PLUSPETROL fueron presentadas ante el MEM luego de haberse cumplido el plazo para la realización de las medidas de remediación inicialmente planteadas.
Por tanto, los compromisos del PAC, cuyo incumplimiento fue verificado por la autoridad durante las supervisiones efectuadas, se encontraban plenamente vigentes y su incumplimiento constituía infracción sancionable.
Con el pronunciamiento del TFA, instancia revisora del recurso impugnativo interpuesto contra la resolución de sanción, queda agotada la vía administrativa.

Nuevas denuncias

Es importante recordar que recientemente la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) denunció el abandono del Estado, la contaminación, la corrupción y el contubernio entre autoridades y Pluspetrol en detrimento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el territorio ancestral kukama-kukamiria.
En un comunicado del 28 de diciembre de 2012 Acodecospat señaló que dichas entidades públicas encubren los daños ocasionados en el corazón de la reserva donde se ubica el lote 8X explotado por Pluspetrol.
La organización indígena indica que en la inspección realizada por la Fiscalía especializada en materia ambiental de Nauta el 14 y 15 de diciembre de 2012 se constató la contaminación dentro de la reserva hecho “que las instituciones responsables nunca denunciaron”.

Ver información relacionada publicada en Servindi:

- Diligencia puede ser un referente de fiscalización pues empresa nunca facilitó el acceso.

Puinamudt/Servindi, 15 de diciembre, 2012.- El Fiscal Vladimir Rojas y representantes de instituciones públicas ambientales decidieron ingresar al Lote 8X, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria para verificar la denuncia de contaminación ambiental formulada por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).


    Servindi, 16 de enero, 2012.- El último Reporte de Conflictos Sociales N° 106 de la Defensoría del Pueblo dio cuenta de que producto de enfrentamientos surgidos el año pasado se registró un total de 24 muertos -todos ellos civiles- y 649 heridos -entre civiles, policías y militares-.
    El reporte correspondiente a diciembre de 2012 señala que hasta este mes se registraron 227 conflictos sociales, 164 (72.2%) se encuentran activos y 63 (27,8%) en “estado latente”, además de que en este mismo año se iniciaron 84 nuevos conflictos.
    Precisa además que de estos nuevos casos el 65.5% (55) representan conflictos socioambientales y que del total de los 227 registrados hasta el pasado mes 148 son de esta misma naturaleza, es decir, el 65.2% del total de conflictos son de carácter socioambiental.
    La Defensoría precisa que las regiones de Áncash con 32, Puno con 20 y Apurímac con 19 son las que concentran mayor cantidad de conflictos, y que por quinto año consecutivo, los conflictos socioambientales representan el mayor número de casos registrados.
    Asimismo destaca que a la fecha hay 84 casos (51%) en proceso de diálogo, de los cuales 52 (62%) se desarrollan en mesas de diálogo y que desde el 2010 persiste una ligera tendencia al incremento del diálogo como herramienta para la solución de conflictos.

    Casos de conflictos sociales que ocurren en un solo departamento
     
    Evolución de los conflictos durante el 2012

    Conflictos que desembocan en muertes

    Lo más preocupante del 2012, explica la Defensoría, fueron los conflictos en los que se llegó a graves actos de violencia que acabaron con la vida de 24 persona, todas ellas civiles, y 649 resultaron heridas, entre civiles, policías y militares.
    El caso que ocupó el 2012 sin duda ha sido el que involucra a las comunidades de la región Cajamarca con el proyecto minero Conga que por el momento se encuentra suspendido. Sin embargo, existen otros casos relacionados a las actividades agrícolas y petroleras.
    En el caso de estos últimos las comunidades consideran que sus territorios son invadidos por las compañías con el aval del gobierno y violando derechos ganados. En el caso de Conga tuvieron que suceder la muerte de cinco personas para que el gobierno se pronunciara.
    A los conflictos suscitados en Cajamarca se suman los ocurridos en provincias como Espinar en Cusco, Puerto Maldonado en Madre de Dios o en Piura, que concluyeron también con la muerte de civiles, en algunos casos personas ajenas al conflicto.
    Según lo publicado por la Defensoría, cabe resaltar que desde el mes de junio de este año, el número de conflictos mostró una tendencia a la disminución, habiendo pasado de 247 en dicho mes a 227 casos en diciembre.