sábado, 2 de marzo de 2013



    Servindi, 16 de enero, 2012.- El último Reporte de Conflictos Sociales N° 106 de la Defensoría del Pueblo dio cuenta de que producto de enfrentamientos surgidos el año pasado se registró un total de 24 muertos -todos ellos civiles- y 649 heridos -entre civiles, policías y militares-.
    El reporte correspondiente a diciembre de 2012 señala que hasta este mes se registraron 227 conflictos sociales, 164 (72.2%) se encuentran activos y 63 (27,8%) en “estado latente”, además de que en este mismo año se iniciaron 84 nuevos conflictos.
    Precisa además que de estos nuevos casos el 65.5% (55) representan conflictos socioambientales y que del total de los 227 registrados hasta el pasado mes 148 son de esta misma naturaleza, es decir, el 65.2% del total de conflictos son de carácter socioambiental.
    La Defensoría precisa que las regiones de Áncash con 32, Puno con 20 y Apurímac con 19 son las que concentran mayor cantidad de conflictos, y que por quinto año consecutivo, los conflictos socioambientales representan el mayor número de casos registrados.
    Asimismo destaca que a la fecha hay 84 casos (51%) en proceso de diálogo, de los cuales 52 (62%) se desarrollan en mesas de diálogo y que desde el 2010 persiste una ligera tendencia al incremento del diálogo como herramienta para la solución de conflictos.

    Casos de conflictos sociales que ocurren en un solo departamento
     
    Evolución de los conflictos durante el 2012

    Conflictos que desembocan en muertes

    Lo más preocupante del 2012, explica la Defensoría, fueron los conflictos en los que se llegó a graves actos de violencia que acabaron con la vida de 24 persona, todas ellas civiles, y 649 resultaron heridas, entre civiles, policías y militares.
    El caso que ocupó el 2012 sin duda ha sido el que involucra a las comunidades de la región Cajamarca con el proyecto minero Conga que por el momento se encuentra suspendido. Sin embargo, existen otros casos relacionados a las actividades agrícolas y petroleras.
    En el caso de estos últimos las comunidades consideran que sus territorios son invadidos por las compañías con el aval del gobierno y violando derechos ganados. En el caso de Conga tuvieron que suceder la muerte de cinco personas para que el gobierno se pronunciara.
    A los conflictos suscitados en Cajamarca se suman los ocurridos en provincias como Espinar en Cusco, Puerto Maldonado en Madre de Dios o en Piura, que concluyeron también con la muerte de civiles, en algunos casos personas ajenas al conflicto.
    Según lo publicado por la Defensoría, cabe resaltar que desde el mes de junio de este año, el número de conflictos mostró una tendencia a la disminución, habiendo pasado de 247 en dicho mes a 227 casos en diciembre.

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