“Comunicado urgente de último minuto”, retumba la voz de un hombre a través de un altoparlante en cada rincón del poblado minero Delta 1. “Amigo minero, hay quienes pretenden reforestar áreas donde se desarrolla la explotación minera. Mañana convocamos a una reunión de protesta a favor de nuestros derechos mineros”. Delta 1 está a seis horas de Puerto Maldonado y a tres de Huepetuhe. Es un lugar de difícil acceso. No hay trochas, tampoco servicios básicos, solo es posible llegar en camionetas 4×4. La policía no puede ingresar, pero sí la maquinaria pesada y los camiones-cisterna cargados de gasolina. Tampoco faltan las cajas de cerveza, los ‘prostibares’ y el servicio de cable satelital.
La voz en el altoparlante continúa en Delta 1, como si fuese la conciencia de un pueblo que cree que solo con la minería saldrá adelante. El escenario, el discurso y la pobreza se repiten en todos los campamentos mineros.
El origen de este problema en Madre de Dios fue generado, en parte, por el mismo Estado: durante los años 80 se impulsó su explotación sin control, al mismo tiempo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entregaba concesiones y aceptaba petitorios mineros sobre tierras agrícolas, forestales o áreas naturales protegidas. El resultado: zonas mineras sin presencia del Estado, empresarios que incumplen todos los estándares ambientales y unos 30.000 mineros que dependen económicamente de esta actividad. Las tareas pendientes sobran.
1. ¿Qué se tiene que hacer en Madre de Dios y quién debe liderar ese proceso?Los especialistas coinciden, primero, en la necesidad de elaborar cuanto antes un plan que contemple la formalización de los mineros y que detalle cómo se enfrentarán los problemas sociales. Ernesto Ráez, biólogo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, y el abogado experto en derecho ambiental César Ipenza sostienen que lo ideal sería que el propio jefe del Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros lideren la elaboración y ejecución de estos planes. “Hay un plan nacional para la formalización de la minería artesanal, un plan de formalización del gobierno regional y está el Decreto de Urgencia 012 (vigente hasta febrero del 2012) que establece zona de exclusión minera en Madre de Dios, lo que se debe hacer es usar estos instrumentos legales y elaborar un plan solo para el tipo de minería en Madre de Dios”, dice Ipenza.
El director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Manuel Pulgar Vidal, sugiere la creación de un sistema nacional de regulación que dicte las disposiciones y que los demás acaten. “Se requiere un sistema transectorial que hoy no existe”, recalca.
A los expertos les preocupa, además, el silencio de los últimos días delMinisterio del Ambiente. Ernesto Ráez aclara: “Estamos dándoles el beneficio de la duda, queremos creer que la demora en pronunciarse sobre lo que harán se debe a que están construyendo una estrategia integral”.
2. ¿Formalizar o eliminar la minería en Madre de Dios?La formalización tiene que ir acompañada por un marco legal claro. “El plan nacional de formalización de la minería artesanal exige que el Ministerio de Energía y Minas realice un registro de los mineros artesanales e informales en todo el país, pero hasta ahora no lo ha hecho”, aclara César Ipenza. De otro lado, el plan de formalización del Gobierno Regional de Madre de Dios señala que no será posible formalizar a todos los mineros porque no hay tierras suficientes, por lo que establece la necesidad de plantear nuevas alternativas laborales para los mineros que se queden sin áreas de trabajo.
“Sin leyes claras sobre minería aluvial, las políticas de formalización solo ratificarán lo ilegal”, resalta Pulgar Vidal, y añade: “El minero grande seguirá contratando al pequeño porque con él los estándares ambientales no serán tan rigurosos; es un círculo perverso, al final el grande terminará esclavizando al minero pequeño. Si se formaliza, se deberían poner ciertas condiciones, como el estar asociados o formar cooperativas”, recomienda.
3. Control de insumos: el 85% del petróleo se destina a la minería ilegal y el mercurio se vende libremente.“El negocio alrededor de la minería ilegal es similar al del narcotráfico, se necesitan medidas transectoriales. Además, una cosa es el pequeño minero artesanal que quiere formalizarse y otra la gran minería ilegal que usa maquinaria pesada y costosa”. Lo ha dicho el ex coordinador de las fiscalías ambientales. Por eso, recomienda un eficaz control de insumos (combustible, maquinaria y mercurio), mayor fiscalización por parte de la Sunat y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permitirá identificar casos de lavado de activos originados por la comercialización de oro ilegal.
El abogado Manuel Pulgar Vidal no está muy convencido sobre el control de insumos pero reconoce que “vender maquinaria en zonas de explotación minera ilegal viola la esencia de la responsabilidad social. Una empresa responsable debe controlar todos los efectos de su empresa”, cuestiona.
Entre tanto, Osinergmin ha anunciado que a partir del 30 de octubre supervisará el recorrido de las unidades de transporte de combustible a través de GPS. El objetivo: vigilar que los camiones solo descarguen el combustible en grifos formales. El otro elemento por fiscalizar es el mercurio, que en los últimos años ha duplicado su importación en el país. Su uso es imprescindible en la explotación de oro, como el kerosene o la gasolina (ahora) para el narcotráfico.
4. ¿Qué hace el Ministerio de Energía y Minas o la Sunat para fiscalizar la comercialización del oro de origen ilegal?La explotación de oro de origen ilegal no sería rentable sin la existencia de importantes proveedores, inversionistas y, sobre todo, compradores. Desde 1991 la comercialización de este metal es libre: cualquiera puede comprarlo y venderlo. Sin embargo, la Ley General de Minería obliga a compradores y exportadores a solicitar un certificado que garantice su procedencia legal, pero nadie lo hace ni fiscaliza. Entre 40 y 50 toneladas de oro provenientes de la minería ilegal ingresan al mercado formal anualmente y terminan siendo exportadas.
Un reporte de la Comunidad Andina hace notar que el Perú es el único país andino que contempla exportaciones de oro bajo la denominación de comercio no registrado, cuyo origen se asocia a la minería ilegal. Incluso, en el Minem reconocieron el año pasado que hay empresas formales que compran oro ilegal: “Se mencionan varios nombres, pero estamos juntando documentos probatorios”, dijo entonces el director general de Minería Víctor Vargas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
El plan nacional de formalización de la minería ilegal del 2002 establece, además, que el Minem elabore un registro de los mineros informales, pero hasta el momento tampoco lo ha hecho.
5. Se ha identificado a 1.100 adolescentes explotadas sexualmente y el mercurio ya afectó la cadena alimenticia.El tráfico de menores es una de las consecuencias más dramáticas de la minería ilegal en Madre de Dios. Teresa Carpio, directora de Save the Children en el Perú, sostiene que se deben identificar las zonas desde donde se inicia el tráfico, cuando los menores son traídos desde Apurímac, Cusco y Puno. “Queremos capacitar a las familias en las comunidades desde donde traen a los menores. Además, se debe establecer puntos de control para intervenir a las unidades de transporte que trasladen menores sin sus padres”, sostiene. Ella recomienda también la instalación de centros de emergencia para la mujer, guarderías infantiles, escuelas de educación inicial y la incorporación de las promotoras de salud. “Las intervenciones fiscales aún son muy débiles. El fiscal de familia tiene buena intención, pero no tenía tampoco un plan”, agregó.
Otra de las consecuencias sociales de la minería es el daño a la salud. El mercurio utilizado en la extracción de oro ya ha afectado la cadena alimenticia. Incluso, un estudio realizado por el Ministerio de Salud el año pasado reportó altos niveles de mercurio en la sangre de la población. Por ello, recomendó realizar evaluaciones clínicas especializadas en todos los poblados mineros, pero hasta ahora no se ha hecho.
6. Recuperar el control del Estado: ¿policías o militares?Mientras ayer en Lima, se dispuso que 4.000 policías garanticen la seguridad durante el clásico, en todo Madre de Dios se cuenta con apenas 500 para resguardar toda la región. Agentes de esta institución calculan que para contener el avance descontrolado de la minería se necesita instalar una base en el km 103 de la carretera Interoceánica que albergue a un batallón de por lo menos 800 miembros. “El Ministerio del Interior debe tomar control. Hay la tentación de recurrir a las Fuerzas Armadas, pero que una fuerza de guerra actúe sobre el territorio siempre será motivo de preocupación”, apunta Ráez. Solo recuperando la presencia y la autoridad del Estado en la zona se logrará restablecer el orden en la región.
Los expertos han analizado las propuestas. Ahora, le compete al Gobierno hacerlas suyas.
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